Sebastián aviva la trifulca nuclear

Los intentos de José Luis Rodríguez Zapatero por rebajar la tensión institucional que ha generado la futura ubicación del almacén de residuos nucleares saltaron ayer por los aires con el poco diplomático lenguaje de su ministro de Industria. Miguel Sebastián abogó, como su jefe de filas, por encontrar una «solución de consenso», pero acto seguido achacó a los dirigentes regionales que se oponen a albergar la planta en sus territorios una actitud poco seria, advirtió de que su postura resulta «muy difícil de justificar» y puso en duda su argumentación sobre la necesidad de repartir mejor la carga de la energía nuclear.

Tanto el presidente de Castilla-La Mancha como el de Cataluña, José María Barreda y José Montilla, sostienen que sus autonomías ya han cubierto su cuota de solidaridad con el resto de España a través de las centrales nucleares instaladas en sus territorios. Pero el ministro relativizó, desde Bruselas, este planteamiento. «Cataluña consume más energía de la que produce y Castilla-La Mancha recibe miles de millones de todos los españoles en apoyo a las primas de energía fotovoltaica y termosolar», subrayó. Dicho esto, apuntó que hay que trabajar «con rigor y seriedad», y que es preciso superar los temores acerca de la seguridad de la planta «que no son propios de un país moderno y desarrollado».

Poco antes de que el titular de Industria se despachara de esta manera, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, había mostrado su confianza en que sus 'buenos oficios' ayudaran a limar las asperezas surgidas a raíz de la candidatura de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) para acoger el almacén temporal centralizado (ATC). «Como en España ha habido actividad nuclear, hay residuos que tienen que ser almacenados y tratados -argumentó en Telecinco-. En 2004, decidimos esto en el Congreso y ahora hay que salvar las discrepancias. Para eso está la tarea política que hará el ministro Sebastián».

Fórmulas legales

La polémica, sin embargo, no amaina. Al margen de que a Barreda le haya salido otro ayuntamiento -esta vez en Cuenca, Villar de Cañas- dispuesto a ser sede de la planta que recibirá los combustibles gastados y restos de las centrales desmanteladas de toda España, insistió en que empleará todas las fórmulas legales a su disposición para evitar que la instalación vaya a parar a su región. Y frente a la tesis de Sebastián, que consideró «difícil de justificar» y poco «razonable» que una comunidad niegue a un pueblo lo que quieren sus ciudadanos, contrapuso su derecho frenar una decisión tomada por un ayuntamiento de forma unilateral cuando «afecta a un ámbito supramunicipal».

El Gobierno también reconoce que la ubicación del ATC tiene consecuencias en todo un entorno y no exclusivamente en el ayuntamiento que presta su suelo. Tanto es así que el hecho de tener el almacén cerca reportará recursos del Fondo para la Financiación del Plan de Residuos Radiactivos a todos los pueblos cuya superficie municipal esté a menos de 10 kilómetros de la instalación o cuyo núcleo poblacional esté a menos de 20. Además, a lo largo del proceso está previsto oír tanto a las autonomías como a las provincias y las asociaciones cuya finalidad esté relacionada con la actividad de la planta.

Nada de eso salvará al alcalde de Ascó, el nacionalista Rafael Vidal, de que su partido le abra un expediente. Y eso que la dirección de CiU nunca ha sido contraria a la energía nuclear y el secretario general adjunto de Convergència Democrática, Felig Puig, admitió que lo que él habría hecho lo mismo que el regidor tarraconense.

En la misma contradicción entró la secretaria general del PP y líder de los populares de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, cuando anunció el sábado pasado que se abriría un expediente informativo contra el alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez. El asunto le enfrentó con el secretario de Política Territorial, Javier Arenas.

Ayer defendió que su partido ha hecho «lo que debía hacer», pero se cuidó de no repetir la jugada con el primer edil de Villar de Cañas, también del PP.