EUROPA EMPIEZA EN CÁDIZ

O termina. En cualquier caso, dos ministros gaditanos -uno cunero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y otra de nacencia, Bibiana Aído-acudirán mañana lunes a Bruselas para comparecer ante las respectivas comisiones de Interior y de Igualdad en el Parlamento Europeo. En plena presidencia española, los objetivos de dicha misión van más allá de los intereses estrictamente particulares de España en el contexto de la Unión, pero no vendría mal que arrimaran el ascua a la sardina propia. Sobre todo si se tiene en cuenta que la provincia de Cádiz, junto al resto de Andalucía, podría ver recortados la recepción de fondos europeos a partir de 2013.

Hasta entonces y desde 2007, Andalucía recibirá un total de 14.024 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios durante el periodo 2007-2013, destinándose fundamentalmente en inversiones públicas que tienen que ver con la competitividad: según las previsiones iniciales, el 71% de las ayudas se destinan a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y a la estrategia de competitividad.

El programa regional (Feder) andaluz es el más cuantioso de la UE, con un total de 6.844 millones de euros, a los que se suman ayudas en diversos programas operativos englobados en este ámbito hasta alcanzar 9.451 millones de euros. Junto a esta cantidad y en ese mismo periodo, se encuentra previsto que Andalucía reciba 2.876 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE), 200 millones del Fondo de Cohesión, 1.320 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y 176,7 millones del Fondo Europeo pesquero (FEP). Todo eso está muy bien, pero ¿y, después, qué?

No cabe duda de que la adhesión española a la Comunidad Europea en 1985 dio comienzo a un proceso que cambió en gran medida la realidad andaluza y la de Cádiz. Para bien o para mal: los compromisos comunitarios dinamitaron nuestro sector primario, desde la pesca a la agricultura tradicional, a excepción del olivar, el corcho, el oro rojo de la fresa y los cultivos intensivos en régimen de invernadero. Ahora, cuando Cádiz se ha salvado por los pelos de la extinción de las almadrabas tradicionales, tendríamos que preguntarnos qué hemos recibido de Europa y qué nos gustaría recibir a partir de ahora. O, mejor dicho, qué nos gustaría canjear con nuestros compatriotas europeos: qué podemos ofrecerles y qué podemos darnos unos a otros.

Hasta hoy, la reconversión agraria ha sido feroz y, mientras los terratenientes parcelaban sus latifundios para sacarle más partido a los fondos comunitarios, a los antiguos jornaleros les quedaba el clavo ardiendo del subsidio agrario que, al menos, logró fidelizar a la población preparándola en cierta medida para el turismo rural, al que todavía le queda mucho por desarrollar, sobre todo una vez que ha caído la economía del ladrillo. Ante nuestros ojos, lo que parece abrirse es un nuevo abismo, el de la reducción de fondos derivados de la restricción del presupuesto comunitario, de la ampliación al Este y de la reforma de la PAC, así como la competencia de los productos agrícolas llegados del otro lado del Estrecho, con jornales mucho más miserables que los que suelen cobrarse a esta orilla. «¿Qué ocurrirá con quienes no puedan apuntarse a la deslocalización agraria y arrendar alguna de las 45.000 has. ofertadas en Marruecos por el Majzen marroquí?», se preguntaban años atrás los detractores de la Constitución Europea que no pudo ser y que fue sustituida por el Tratado de Lisboa que acaba de entrar en vigor.

Por no hablar de los fondos europeos de otra naturaleza que podríamos perder si, tal como denunciaba recientemente el informe Auken, no modificamos la Ley de Costas y protegemos nuestro litoral de la especulación urbanística y de la corrupción endémica.

¿Hemos usado suficientemente la condición geopolítica de Cádiz como frontera Schengen para beneficiarnos de proyectos transfronterizos o nos hemos limitado a asumir nuestro triste oficio de gendarmes a las puertas del Tercer Mundo? La reconversión industrial y naval de la provincia, por cierto, también se nutrió de estos fondos.

Pero Europa también llega a nuestros cascos urbanos. La Delegación de Infraestructuras de la Diputación de Cádiz, que titula Eva Leal, cuenta con una inversión de 34,6 millones de euros, financiada entre fondos FEDER y las aportaciones de la propia Corporación Provincial que inciden en proyectos de Desarrollo Local y Urbano, a través de 6 planes comarcales con incidencia en 36 municipios de la provincia, con población inferior a 50.000 habitantes. A lo que habría que sumar los proyectos Urban para el desarrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis. ¿Qué pasará cuando esos fondos no sean tan cuantiosos y Andalucía deje de ser, previsiblemente en 2013, una de las regiones objetivo número 1 de la UE?

Quizá en ese sentido podríamos rentabilizar la actual situación de crisis: dado que el crecimiento económico español y andaluz se ha visto seriamente frenado, sería suicida dejar de percibir tales fondos que no harían sino agravar la precaria situación de nuestras instituciones y, en especial, de los Ayuntamientos. Que esta semana, por cierto, se rebelaron ante los pioneros planes locales que puso en marcha la Junta de Andalucía. Pero esa es otra historia.