POLÍTICA DE EXTRANJERÍA

Vic «acata aunque no comparte» empadronar a los 'sin papeles'

El alcalde pide al Gobierno que ayude económicamente a los municipios que tienen mayor número de inmigrantes con problemas económicos y de papeles

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El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha asegurado que el consistorio "acata, aunque no comparte", la "orden" de la Abogacía del Estado de empadronar a todos los inmigrantes que presenten su pasaporte, aunque carezcan de visado y de residencia legal. "Seguiremos empadronando como hasta ahora a la gente que viene a Vic con pasaporte sin visado", ha señalado el edil de la población barcelonesa durante una comparecencia para valorar el informe jurídico de la Abogacía del Estado.

En este informe, solicitado por el propio Ayuntamiento de Vic, la Abogacía del Estado considera que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su empadronamiento con esa excusa.

Vila d'Abadal ha aprovechado su comparecencia para reivindicar que "Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración", aunque ha advertido que "si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta". En este sentido, el alcalde ha enviado un mensaje al Gobierno en el que pide que cumpla la Ley de Extranjería y la haga cumplir, y que ayude económicamente a los municipios que tienen mayor numero de inmigrantes con problemas económicos y de papeles.

"Esta gente tiene muchas necesidades, y el ayuntamiento los tiene que atender y los atendemos como siempre hemos hecho", aunque ha pedido a las demás administraciones "que sean solidarias con los ayuntamientos" y que aporten recursos económicos a estas poblaciones "para que podamos hacer el trabajo juntos".

El alcalde ha pedido también a los inmigrantes que llevan años en el país ayuda para integrar a los recién llegados con el fin de que puedan integrarse, al tiempo en que ha insistido en que este proceso se tiene que hacer con "orden y transparencia". Josep María Vila d'Abadal ha explicado además que una de las conclusiones que ha extraído estos días es que el asunto de la inmigración es importante a nivel social, si bien ha opinado que este debate debe alejarse de los medios de comunicación para que se discuta y se resuelva de una forma más tranquila.

Respetar la ley

Preguntado por la decisión del alcalde de Vic, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que se felicita y se congratula si el regidor ha adoptado "una posición, como no puede ser de otra manera, de respeto escrupuloso a lo que dice la ley".

El ministro confía en que esta polémica sobre la inmigración en Vic "pase lo antes posible" para poder hablar de lo que realmente es importante y centrarnos en la inmigración regular y legal y en el reto más importante en esta materia, que es la integración de los inmigrantes. En ese sentido, ha subrayado que, pese a que durante los últimos días ha sido el centro de la polémica, la ciudad de Vic y la política que ha desarrollado durante muchos años su Ayuntamiento "ha sido un ejemplo de como gobernar bien un fenómeno como es la inmigración". "Espero que esta polémica pase y me congratulo y me alegro si efectivamente el alcalde da un paso atrás en esa pretensión", ha concluido Corbacho.

Medidas legales

En la misma línea se ha mostrado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido de que si no se aplica la ley y algún ayuntamiento impide el empadronamiento de extranjeros en situación irregular "habrá que adoptar las medidas legales previstas". Además, ha asegurado que "cualquier persona podría poner de manifiesto el incumplimiento" de la norma y activar así "los procesos legales correspondientes".

El titular ha expresado su deseo de que después de la polémica surgida por la intención del consistorio barcelonés de no permitir el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular y tras el informe "riguroso, claro y contundente" de los servicios jurídicos del Estado "las cosas vuelvan a su absoluta normalidad", que es lo que "ocurre en la práctica totalidad" de los ayuntamientos españoles.