Quejas e ilegalidades

La queja es libre. Todo el mundo puede recurrir a ella. Con o sin razón. Con mayor o menor vehemencia. Incluso con fines ocultos. Quejarse es uno de los deportes nacionales. Nunca está de más. Porque lo más que tiene uno que perder es el tiempo. Así que, por si acaso, por si cae algo, por si alguien se compadece y atiende las plegarias, siempre conviene quejarse. Es lo que deben pensar muchos. En las barriadas rurales lo saben muy bien. Andan estos días intentando reponerse de los estragos de las inundaciones causadas por una lluvia persistente como hacía tiempo no se recordaba por aquí y, por mucho que trate alguna administración de desmentirlo, por los desembalses realizados. Empiezan también a pensar en las ayudas públicas para conseguirlo. Incluso los propietarios de las numerosas viviendas ilegales que se han visto afectadas. Y es aquí donde ha surgido un conflicto considerable que cuanto menos podría calificarse de esperpéntico.

Porque, ya de entrada, choca que alguien que posee una casa fuera de la Ley reclame una indemnización. Pero, por lo visto, da igual. La cuestión es quejarse, exigir a la administración de turno, en este caso el Ayuntamiento -por aquello de que es el que más mano pilla- ignore que la vivienda está construida sin permisos y en lugares en los que no está permitido y que les trate igual que al resto. Será por aquello de que quien no llora no mama. Y por lo que comentaba anteriormente de que no se pierde nada por intentarlo. Es lo que tiene vivir en una ciudad en la que está de moda lo de llamar a las puertas del Consistorio para reclamar lo que sea. Lo de pensar que, por ser la administración más próxima, tiene la obligación de solucionarlo todo, incluso aunque se trate de una vivienda ilegal. Aunque supongo que los que las construyeron no pidieron con la misma vehemencia que les girasen los recibos del IBI, por poner un ejemplo. Hace bien el Ayuntamiento de Jerez en decirles que no piensa indemnizarles. Es lo lógico. Hacerlo supondría, primero, fomentar una irregularidad y, segundo, un agravio comparativo con el resto de ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones y se ajustan a la legalidad.

Eso sí, la situación no debe servir tampoco para pasar por alto otras circunstancias que sí deberían ser resueltas, como la que se reproduce hoy en la página 7 de este periódico. Se refiere al caso de una familia de Cuartillos que vive en una de esas viviendas ilegales, aunque parece que por culpa de una operación nada clara y en la que pudieron ser engañados. Podrían no ser los únicos. Ahí sí que habría intervenir, estudiar lo que sucedió y, en caso de que así fuese, poner punto y final a esa situación. El Ayuntamiento dice que con el nuevo Plan General podrá legalizar 934 casas de la zona rural. No son, ni mucho menos, todas, pero quizá sea el primer paso para acabar definitivamente con un problema que se arrastra ya desde hace demasiados años.