Miles de manifestantes en Bilbao en contra de la dispersión de terroristas

Miles de personas se manifestaron ayer en Bilbao en contra de la dispersión de los presos de ETA. La marcha, convocada por varios partidos y organizaciones nacionalistas, finalmente fue autorizada por la Audiencia Nacional, a pesar de que los informes de la Policía y la Guardia Civil apuntaban que esta manifestación era una reedición del acto prohibido por ese mismo tribunal y promovido por el colectivo de familiares de reclusos terroristas, 'Etxerat'.

La manifestación -auspiciada por Eusko Alkartsuna y Aralar, entre otras formaciones- se desarrolló sin incidentes y bajo el lema 'Dueños de sus derechos. Los presos vascos, a Euskal Herria'. Miembros de 'Etxerat' encabezaron la marcha con una gran pancarta pidiendo el acercamiento de los reclusos al País Vasco. Tras ellos, se situaron los representantes de los partidos políticos convocantes. No hubo rostros conocidos del PNV.

Durante la marcha no se exhibieron fotos de miembros de la banda terrorista. Los asistentes sí corearon consignas de apoyo a los reclusos como «presos a casa, amnistía general».

La asociación Dignidad y Justicia había pedido el pasado viernes a la Audiencia Nacional que prohibiera esta marcha, por considerar que ésta era una mera reedición de la manifestación ya prohibida por el tribunal de la calle Génova el pasado 30 de diciembre y que los nuevos convocantes pretendían «desafiar al Estado de Derecho» con un «fraude procesal».

Ayer, el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechazó la petición de Dignidad y Justicia, a pesar de reconocer que tanto los informes de la Guardia Civil como de la Policía Nacional apuntaban a que efectivamente se trataba de un 'revival' de la marcha prohibida. Moreno, en su auto, explicó que un tercer informe, el de la Ertzaintza, «que hacía un minucioso examen de la convocatoria», señalaba que las únicas coincidencias eran la localidad y la hora, ya que los «lemas y eslóganes son diferentes, el recorrido es distinto y los convocantes son otros».

A la vista de estos atestados contradictorios, el magistrado acordó permitir la manifestación para no conculcar derechos fundamentales. Esta decisión fue apoyada por la Fiscalía, que en su escrito aseguró que «los informes policiales no sirven para afirmar que la convocatoria sea la ejecución de un programa de actuaciones organizado por el entramado de ETA».