La crisis y el nuevo diseño institucional complican el periodo de mando español

Por cuarta vez desde su adhesión hace 24 años, España asume la presidencia de la UE. Lejos queda aquel 18 de enero de 1989 en el que Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores, compareció ante el plenario de la Eurocámara para exponer las prioridades de ese mandato tres años después del muy esperado reencuentro nacional con la Europa de las libertades. Eran tiempos difíciles, aunque no tanto como los actuales. En una Europa decantada hacia la izquierda, Felipe González quería que la construcción del Mercado Interior, lanzada en Milán en 1985, no olvidara la faceta social del envite y prometía un memorándum al respecto. A Salman Rushdie lo amenazaban de muerte los ayatolás iraníes y España coordinaba la retirada de embajadores europeos de Teherán. Pero la cumbre de Madrid de junio de 1989 pasó a la historia por algo bien distinto: el lanzamiento del proceso de Unión Económica y Monetaria -la primera de sus fases-, que condujo a la creación de la moneda única.

Curiosamente, fue durante la segunda presidencia española, en 1995, cuando se supo que esa divisa se llamaría euro. Con todo, la cumbre de Madrid de diciembre de 1995 se recordará porque acertó a definir el escenario para el tránsito a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el lanzamiento de lo que luego sería el euro, en 1999, aunque al principio circunscrito a título de mecanismo fiduciario de pagos. Habría que esperar hasta 2002 para que la moneda única llegara a la calle. Su puesta en circulación, el 1 de enero de ese año, coincidió con el inicio del cuarto mandato comunitario español, con José María Aznar al frente.

La cumbre de Sevilla, en junio de 2002, fue otra cosa. El debate sobre la reforma institucional sirvió para modificar prácticas internas aparentemente irrelevantes, pero que cambiaron los modos de hacer de la UE.

La cuarta presidencia española de la Unión, que se inicia ahora es, con gran diferencia, la más complicada de todas. Nunca antes las condiciones internacionales habían sido tan complejas. Sus principales retos son los siguientes:

Tratado de Lisboa

Tiempo de globalización

La globalización marca los ritmos y Europa tiene que adaptarse a ellos. Para facilitarlo se concibió el Tratado de Lisboa -en vigor desde el 1 de diciembre-, que intenta facilitar la toma de decisiones en un 'club' con 27 miembros, pero cuyas prácticas requerirán meses para consolidarse. España tiene que facilitar la rodadura de las nuevas instituciones: la presidencia permanente del Consejo Europeo, que ocupa el belga Herman van Rompuy, y la Alta Representante para la Política Exterior, de Seguridad y Defensa, Catherine Ashton. Las cumbres que se celebren en España -nueve en total- serán copresididas por Rompuy y Zapatero.

Recuperación económica

En el furgón de cola

España se encuentra en el furgón de cola de la recuperación económica que ya se atisba en una UE que acaba de abandonar la recesión. En ese escenario, tendrá que organizar el debate sobre la salida de la crisis y la desaparición de las ayudas extraordinarias al sector financiero y a otras actividades productivas subsidiados durante las 'vacas flacas'. No será una discusión fácil, dadas las posiciones asimétricas de unos y otros.

La influencia de la UE

Mayor presencia mundial

El reforzamiento de la presencia de la UE en el mundo, un objetivo clásico de las presidencias españolas, tiene ahora un predicamento especial porque coincide con el establecimiento del Servicio Exterior de la Unión, que va a dirigir la británica Catherine Ashton. Su lanzamiento está previsto el 1 de abril. Madrid se ha comprometido a facilitar la operación.

Además, Zapatero pretende concluir las negociaciones de adhesión con Croacia, iniciar las de Islandia y abrir varios capítulos en las conversaciones con Turquía y con los países de los Balcanes occidentales que son ya formalmente candidatos.

Política social

Promover la igualdad

El Ejecutivo se propone difundir lo que considera «logros en la batalla por la igualdad» de las personas, independientemente del sexo o de la orientación sexual. La lucha contra la discriminación y la violencia de género serán prioritarias en este capítulo. Madrid pretende que la UE se dote de un Observatorio Internacional contra la Violencia de Género, así como instaurar una euroorden aplicable a este tipo de casos.