La libertad lingüística condiciona el pacto de Estado por la Educación

El pacto educativo es además de necesario «posible y viable». Así lo cree y lo repite hasta la saciedad el titular de Educación, Ángel Gabilondo, que se mostró ayer «optimista» sobre su consecución. Un optimismo que comparte desde la oposición la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que también ve «posible» su consecución.

Gabilondo anunció que en dos meses se podrá contar con un documento concreto con los contenidos que se han de discutir. Reconoció que otros asuntos como la asignatura de religión quedan también fuera de la discusión y habrán de tratarse en la futura Ley de Libertad Religiosa.

El ministro se había comprometido a explicarse antes de fin de año y ha cumplido su palabra. Las discusiones continuarán en los próximos dos meses con las comunidades autónomas, grupos parlamentarios y con la comunidad educativa. «La sociedad demanda que logremos el pacto, espera que los políticos estemos a la altura y hay un clima de consenso y acuerdo que lo harán posible», dijo.

No quiso entrar Gabilondo en detalles sobre si las demandas del PP exigen que el pacto se inspire en la «vertebración del sistema educativo», lo que se traduciría en la garantía de elección para optar por la lengua en la que se han de formar nuestros estudiantes en aquellas comunidades con lengua propia. «Se puede hablar de política lingüística con toda naturalidad y gusto», dijo Gabilondo, que se remitió a la Constitución. Una norma «que establece el deber de conocer la lengua y el derecho a usar el castellano», dijo, aunque «también la ley establece que los estudiantes deben comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y en lengua cooficial de las comunidades donde las haya».