El ICO vuelve como banco público

En el año que empieza, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la agencia financiera del Gobierno, recupera las funciones comerciales más características de un banco y también podrá entrar en el capital de las empresas, todo ello con el fin de dinamizar el crédito y la actividad productiva. Para el periodo 2010-2011 dispone de 10.000 millones de euros, la mitad de la cifra que moverá el Fondo para la Economía Sostenible.

Con esta cantidad va a financiar a las familias obras de rehabilitación de sus viviendas, será socio capitalista en proyectos innovadores y colaborará directamente en las inversiones de compañías, previo análisis del riesgo por sus propios equipos. Los nuevos productos que plantea proporcionarán cantidades que pueden llegar hasta el 100% de la inversión, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó ayer el nuevo plan de acción del ICO. Salgado destacó las grandes novedades del futuro modo de hacer, que otorga a la agencia financiera del Gobierno el protagonismo del que carecía desde la supresión de la banca pública.

Reconoció la ministra el bajo porcentaje de ejecución de varias líneas de mediación desarrolladas en tiempo de crisis, y lo atribuyó a que, en la mayoría de los casos, el riesgo ha corrido a cargo de las entidades financieras, remisas a conceder créditos por miedo a la escalada de la morosidad. «El ICO será tan exigente como el que más», se apresuró a afirmar la vicepresidenta, adelantándose a cualquier suspicacia. La nueva actividad de la agencia financiera se moverá, principalmente, en las áreas que el Gobierno cree que propiciarán la necesaria transformación de los sectores productivos tradicionales o su relevo por otros de mayor potencial de crecimiento y empleo.

De forma prioritaria, el ICO financiará o invertirá en activos fijos que mejoren la eficiencia energética, la gestión del agua y de los residuos; en la rehabilitación de viviendas en barrios y áreas rurales; en industrias de la salud y biotecnológicas; en las tecnologías de la información y la comunicación; en la aeronáutica y el sector aeroespacial; y en los servicios de atención a los mayores, dependientes y personas vulnerables.

El ICO podrá realizar contribuciones de hasta 15 millones, con amortización de 12 años, al capital de sociedades emprendedoras. En total, no podrá dotar más de 300 millones a esta actividad. Las aportaciones se plasmarán en participaciones preferentes con su retribución.

El ICO renovado gestionará un fondo de capital inversión, dotado con 1.000 millones de euros, para financiar proyectos de infraestructura y energéticos, con una cuantía de 100 millones de euros por cliente y un plazo de amortización máximo de 30 años. Este producto se orienta a proyectos concesionales -de ahí el largo periodo de duración- y presenta la novedad de que las aportaciones se dirigen al capital de las compañías, algo insólito en la reciente trayectoria de la agencia.

En este programa, el ICO podrá actuar aisladamente o en colaboración con entidades financieras. Pero el gran cambio consiste en que, hasta ahora, participaba en créditos sindicados a grandes empresas, y dejaba en manos de otros miembros de la sindicatura el análisis del riesgo. Ahora se propone conceder a las empresas financiación a proyectos de inversión -y no cobertura de circulante- por importe de hasta 100 millones de euros, con plazo de amortización que puede llegar a un máximo de 30 años, asumiendo la parte de riesgo de la operación.