El PP endurece el control sobre sus dirigentes para evitar otro 'caso Gürtel'

El PP aprobó ayer el Código de Buenas Prácticas, un compendio de instrumentos, compromisos y nuevas normas internas de obligado cumplimiento para todos sus cargos públicos, dirigentes políticos y gerentes para tratar de evitar que el principal partido de la oposición vuelva a verse salpicado por otro escándalo 'Gürtel'. A la reunión, debido al temporal de nieve, no pudieron asistir un tercio de los miembros de la dirección nacional, entre ellos el presidente valenciano, Francisco Camps, uno de los políticos afectados por el escándalo político y judicial.

La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y su equipo analizaron durante algo más de dos meses las lagunas internas por las que logró colarse, principalmente en Valencia y Madrid, el entramado de empresas de Francisco Correa. Tras el estudio, presentó al Comité Ejecutivo Nacional una batería de propuestas anticorrupción, basadas en los principios de «transparencia, eficacia y austeridad».

Mato explicó que se trata de un código similar al que rige el trabajo de algunas empresas privadas y del sector público con un compromiso de «autoexigencia» para los dirigentes que «va más allá de lo que obliga la ley». Por esta razón, añadió, los representantes del PP deben «abstenerse de cualquier conducta que aunque sea legal dañe la honorabilidad» del partido.

Los dirigentes populares, de acuerdo al nuevo régimen de conducta, no podrán ejercer actividades privadas que supongan un conflicto de intereses con el cargo, ni podrán aceptar trato de favor o privilegio alguno ni influirán en trámites administrativos que reviertan en beneficio propio o de su entorno familiar o social, y garantizarán un «respeto absoluto» al régimen legal de incompatibilidades.

El código ético del partido se basa en tres grandes pilares: la 'carta de compromisos', las nuevas normas que regirán la contratación de los servicios externos en todos los territorios, y la creación del cargo específico de 'auditor de prácticas internas', el máximo responsable de que el catálogo de medidas se cumpla por todos, a rajatabla, y que quien lo ignore sea sancionado.

La carta de compromisos es el corazón del proyecto. Se trata de un documento que tendrán que firmar a partir de enero próximo todos los dirigentes y gerentes nacionales y territoriales del PP, así como cualquier afiliado o simpatizante que en el futuro quiera formar parte de las listas para las próximas elecciones. Quien no suscriba el compromiso no podrá seguir en la dirección del partido ni podrá acceder al cargo público. La lista de compromisos incluye una declaración jurada de compatibilidad con los principios del código, la entrega a todos los efectos de una declaración de bienes y actividades, y la obligación de comunicar al PP si se encuentra implicado en cualquier proceso penal que pueda terminar en juicio.

Por escrito

Dos de los puntos esenciales están inspirados, sin duda, en la crisis desatada por la trama de Correa. Por un lado, la prohibición de aceptar cualquier tipo de regalo o favor que exceda del mero detalle y, por otro, la obligación asumida por escrito de poner el cargo o el puesto directivo a disposición del partido cuando así lo exija el Comité de Garantías -el tribunal interno-, por entender que la permanencia daña al partido o a la institución pública.

Aunque Mato se negó a entrar en situaciones personales, estos preceptos trajeron a la memoria los trajes regalados por las empresas de 'Gurtel' a dirigentes valencianos o las fuertes pugnas internas hasta lograr las dimisiones del ex tesorero e imputado, Luis Bárcenas, o el ex secretario general levantino, Ricardo Costa.

El código modifica de arriba abajo los procedimientos de contratación para publicidad, viajes, actos de partido o campañas electorales, pues se desterrarán las adjudicaciones directas que tanto beneficiaron a las empresas de la red 'Gürtel', y deberán hacerse a través de una mesa. La formarán un auditor, el tesorero, el gerente y dos vocales que se renovarán cada dos años.

La adjudicación de las contratas estará sujeta a los principios de «publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación», a la oferta más ventajosa, y no aceptarán como clientes a quienes hayan incurrido en irregularidades administrativas o en condenas penales.

El PP no quiere más 'Bigotes', el apodo de Álvaro Pérez, el hombre de confianza de Correa en la Comunidad Valenciana, a quien la justicia investiga, entre otros delitos, por agasajar con regalos de lujo a cargos institucionales e internos populares. Las reglas de contratación, que estarán colgadas de la página web del PP, dejarán claro a los proveedores que «no podrán realizar atenciones a favor de miembros del partido, advirtiéndoles de que quedarán excluidos de la contratación si contravienen la prohibición». Como garantía final de la buscada «transparencia», encargarán cada año a una empresa privada una auditoría externa de las cuentas del partido -con independencia de la obligada del Tribunal de Cuentas-, cuyo resultado se expondrá en la web.

El guardián de la ética del PP, el nuevo auditor de prácticas internas, será el ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, un hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy. Será la persona encargada de hace cumplir el código y las obligaciones suscritas en la carta de compromisos y de llevar ante el tribunal interno a todo aquel que infrinja estos preceptos, para que reciba la correspondiente sanción, que puede llegar hasta la expulsión.

En su labor de control estará asistido de tres de los miembros del Comité Nacional de Garantías, que formarán la comisión de seguimiento del código.