Entre barrotes pero sin barreras

Alberto vivía con su madre, a la que involuntariamente sometía a una tortura constante. Su propia familia solicitó su entrada en una residencia, pero chocaron con una eterna lista de espera. No se consideró urgente.

De las amenazas pasó a romper objetos. Temerosa y desesperada, su propia gente le interpuso una denuncia. Le decretaron una orden de alejamiento. Pero él no entendía qué significaba esa palabra. Al día siguiente, Alberto ya había vuelto a casa y de inmediato lo metieron en prisión por quebrantar el mandato judicial. Al ser por una agresión en el ámbito doméstico, los reclusos entendieron que era un maltratador y lo recibieron como tal. Ahora está recluido, en un módulo terapéutico en la cárcel de Morón, a la espera de que se le adjudique un centro asistencial para terminar de cumplir la condena.

Un 2% de la población reclusa española tiene discapacidad intelectual. Muchas de estas personas no son identificadas como tales y por eso siguen dentro de la cárcel. Begoña Corrales, coordinadora de Feproami, la federación provincial que aglutina a los colectivos que trabajan con las personas con esta discapacidad, traza un perfil general de los afectados: «Vienen de familias desestructuradas, han sufrido fracaso escolar y no se les ha detectado», explica.

No hay para todos

Raúl Jiménez es el encargado del programa Alter Trabaja en Puerto 1, 2 y 3 y en Botafuegos, en Algeciras. En Puerto 2 el proyecto arrancó en 1999. Cádiz fue una de las provincias pioneras.

«Entran en la cárcel como un recluso más, van sin una valoración de su discapacidad», se lamenta Raúl, que resalta cómo los propios educadores, trabajadores sociales y psicólogos de la prisión le comunican los casos. «Sin su colaboración sería muy complicado», asegura.

El punto de partida es detectar el grado de discapacidad, antes de derivarles a los recursos disponibles adecuados: «Lo primero es un diagnóstico, algo que en el 90% de los casos no se ha efectuado previamente», advierte Raúl.

Porque todavía hay grandes carencias en la valoración de las características personales y sociales por equipos multidisciplinares. Esto provoca situaciones extremas. «Hay gente que se ha llevado en la cárcel 30 años con más de un 65% de minusvalía».

Con el psicólogo pasan pruebas de cociente intelectual y de habilidades de adaptación. Luego todo depende de las características de cada uno. Entran en una lista, se les barema y quedan a la espera.

El principal problema es que se les encamina a centros ordinarios porque no los hay para sus circunstancias. Raúl incide en este elemento: «No hay para todo el mundo, ni para algunas características específicas; no los hay ni para los que están en la calle».

En cualquier caso, defiende esa solución antes que la cárcel: «Si es una persona muy deficiente, dentro no hace nada, lo adecuado es que esté en un centro».

Trabajo

Otros se quedan dentro, donde trabajan aspectos como el control de impulsos o las habilidades sociales. En algunos casos esto es inviable con que queden ingresados en la cárcel: «Hay gente en prisión que no sabe afeitarse», ejemplifica el encargado.

El responsable del programa Alter explica que en este problema se concatenan tres carencias. La primera, la de las políticas de Servicios Sociales, que deberían abordar la situación desde que sus protagonistas son jóvenes. La segunda es la jurídica: la Justicia no está preparada para afrontar estos casos. Y al final del camino está la prisión, que tiene que intentar subsanar las dificultades acumuladas. Cuando se actúa, los resultados son más que positivos. Julián cumplió ocho años de condena peregrinando por varios centros, hasta que en Puerto 2 le detectaron su discapacidad para pasar después a un centro especializado en el que vio cumplida sus necesidades.

Julián tenía dos causas penales pendientes. En las dos se le aplicó la eximente y pasó de la prisión a una residencia de adultos para personas con discapacidad.

Ahora, tras cuatro años en ese centro, se le está atendiendo desde su propio domicilio. Vive con su hermana, está trabajando y ha podido hacer diferentes cursos. No es todavía un caso común, pero proporciona un resquicio más de esperanza.