Tres años de Dependencia

El informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, hecho público ayer por el observatorio de la asociación española de directores y gerentes de servicios sociales, refleja la deficitaria y desigual consecución de los objetivos establecidos en la norma. La organización autonómica del Estado tiende a subrayar las diferencias territoriales en cuanto al cumplimiento de las previsiones legales. Los profesionales que han redactado las conclusiones del estudio se refieren, con razón, a la falta de una «voluntad institucional» en las autonomías. Pero parece evidente que la propia promulgación de la Ley no tuvo en cuenta la situación en que se encontraban los servicios sociales en España en 2006 para hacer realidad lo que se anunciaba como la culminación de nuestro sistema de bienestar, tras la universalización de la atención sanitaria, el pacto respecto al futuro de la Seguridad Social y la extensión de las coberturas sociales no contributivas. Que el 80% de las personas afectadas por los supuestos contemplados en la Ley hayan sido evaluadas constituye una excelente noticia. Pero tanto el seguimiento de esos exámenes preliminares como los costes que entrañan obligan al Gobierno central a valorar urgentemente la situación con las comunidades autónomas.