Constitución vigente

La conmemoración del 31º aniversario de la Constitución se ha celebrado este año bajo dos hechos contrapuestos. Por una parte, la presencia del lehendakari Patxi López ha puesto fin a la anormalidad institucional que había representado la ausencia crítica durante tres décadas de sus predecesores peneuvistas, contraponiendo la defensa del anclaje del autogobierno vasco en el marco constitucional a la insatisfacción del nacionalismo periférico sobre el desarrollo de las potencialidades de ese mismo marco. Por otra, la caldeada polémica en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ha avivado hasta límites inquietantes el debate sobre la organización territorial del Estado y el equilibrio entre poderes consagrados por la Norma Fundamental. La cada vez más negativa dilación en el pronunciamiento del Alto Tribunal, las disfunciones evidenciadas en su seno y las palpables dificultades a las que se enfrentan sus magistrados, ante la posibilidad de que su resolución pueda corregir o enmendar una norma autonómica refrendada parlamentariamente y por los ciudadanos catalanes, han desembocado en un desgaste de preocupantes consecuencias. Desgaste que hace resentirse al entramado institucional del Estado, y al que están contribuyendo de manera irresponsable quienes cuestionan la legitimidad del Tribunal para evaluar el encaje constitucional del 'Estatut', una función que le encomienda la propia Carta Magna. En estas tres décadas de bienestar y democracia, la Constitución ha garantizado un espacio sólido y abierto para la convivencia en libertad y el desarrollo de los derechos individuales; un espacio capaz de acoger paulatinamente aquellos cambios o aspiraciones decididos por las mayorías vigentes en cada caso y sin que se haya presentado como un rígido corsé o un marco incómodo para los debates sociales más conflictivos. Ello no significa que su redacción no pueda cambiarse o perfeccionarse. Pero el hecho de que su reforma deba ceñirse a los requisitos que exige la propia Constitución exige tal grado de consenso que eso mismo aconseja no inducir modificaciones sin la seguridad de un pacto estable que las promueva y sustente.