El Ayuntamiento pide auxilio policial para impedir el sabotaje de los plenos

El Ayuntamiento de Jerez quiere volver a la normalidad. El pleno ordinario celebrado el jueves quedará para la posteridad no por los puntos aprobados –de hecho, el más importante, el de la recalificación del suelo de Vicasa, se tuvo que aplazar– sino por la enorme conflictividad a las afueras del mismo y por los más que dudosos modos de varios colectivos de la ciudad de llevar a cabo sus protestas. Una vez curados los oídos, la resaca ha dejado espacio para plantear soluciones, tal y como avanzó la alcaldesa el día anterior ante esta «extorsión» y también «delito».

De este modo, la junta de gobierno local aprobó ayer diversos acuerdos tendentes a «hacer compatible el derecho ciudadano de manifestación con el normal funcionamiento del pleno de la Corporación y con los derechos que asisten a los concejales que la integran», en palabras del portavoz del gobierno local, Casto Sánchez, que compareció tras la reunión mantenida.

La primera medida adoptada consiste en trasladar a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz el citado acuerdo. El documento, literalmente, le ruega que «adopte todas las medidas y actuaciones necesarias tendentes a investigar, determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades que se pudieren haber derivado de la actuación de las personas que, a título individual o como representantes de las organizaciones y colectivos convocantes de las concentraciones, sean responsables de los incidentes».

También se comunica a Subdelegación que el Ayuntamiento celebra sesiones ordinarias los últimos jueves de cada mes, para que ésta adopte las medidas necesarias que garanticen el normal desarrollo de las mismas.

Sesiones extraordinarias

En tercer lugar, se ha acordado que la propia alcaldesa informe tanto a la institución como a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía sobre la celebración de cualquier sesión extraordinaria, obviamente por el mismo motivo.

Casto Sánchez recordó los incidentes registrados para justificar estas peticiones: «No se trata de limitar ningún derecho ciudadano, sino de articular medidas que hagan compatibles esos derechos con el normal funcionamiento de la primera institución pública».

Casto Sánchez informó de que las mediciones acústicas realizadas por los técnicos municipales han determinado que el ruido generado por dichas protestas alcanzó niveles calificados de «intolerables». Por ello, el Ayuntamiento de Jerez estudiará y determinará las infracciones que hayan podido cometer las personas responsables.