Evitar más tensión

L a injustificable dilación del Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, contribuye a erosionar la legitimidad que asiste al Alto Tribunal si su sentencia entra en colisión con aspectos fundamentales de la Ley Orgánica asumida por los catalanes como marco renovado de su convivencia interna y de la que desean mantener con el resto de los españoles. Las vicisitudes que ha atravesado el Constitucional suponen una evidente merma de las condiciones que necesitaría para confrontar su parecer con el de la mayoría parlamentaria en la Cámara catalana y en las Cortes Generales, haciendo valer su razón última sobre la expresada por el Poder legislativo. Pero las indicaciones del president Montilla, llegando a considerar que una sentencia adversa supondría un cuestionamiento del marco constitucional en su conjunto, y la llamada de Artur Mas para ir más allá del propio Estatut en el caso de que el veredicto del TC le parezca desfavorable a CIU implican que tanto el Gobierno de la Generalitat como el primer partido de la oposición en Cataluña amenazan con desbordar el cauce que rige el marco constitucional; marco en el que se inserta toda modificación de las bases estatutarias del autogobierno. Tanto la descontrolada elaboración de la reforma del Estatut, como la negociación establecida con el Gobierno central que, al final, fue protagonizada por Zapatero y Mas, evidenciaron las dificultades de encaje que algunos aspectos del nuevo texto refrendado presentaban respecto a la Constitución. Es cierto que la promulgación del Estatut propició la apertura de una nueva etapa autonómica, puesto que parte de su contenido acabó siendo contemplado en la modificación de otros estatutos. Pero que esto último atenuara las dudas e incomodidades que suscitaba el texto catalán no significa que todo su articulado fuese igualmente aceptable desde el punto de vista constitucional. Es comprensible que los partidos integrantes de la Generalitat, divididos ya ante el referéndum del Estatut, y la principal formación del nacionalismo catalán, CiU, adviertan públicamente sobre las consecuencias de una sentencia que pudiera encrespar algunos ánimos y generar nuevos sentimientos de desafección constitucional. Pero forma parte de su responsabilidad evitar que la prevención ante una sentencia que pudiera interpretarse como frustrante acabe provocando una tensión política incontrolable para las propias formaciones promotoras del Estatut.