El chollo de los paraísos fiscales

Durante casi una hora, la celebración del juicio por la operación Hamelín se mantuvo en suspense. Finalmente, la magistrada Lourdes Marín decidió continuar con la vista sin tener en cuenta lo alegado por la treintena de letrados que ocupaban los bancos de la acusación particular.

Estos profesionales, encabezados por el madrileño José Luis Cueto, aterrizaron en la sala con el firme propósito de que no se celebrara el juicio, centrándose en un argumento fundamental: lo importante para sus defendidos es conocer dónde se encuentra el dinero supuestamente estafado (casi ocho millones de euros, según estimaciones del ministerio Fiscal) con el fin de recuperarlo lo antes posible.

Lo expuesto por Cueto, a lo que luego se adhirieron el resto de sus compañeros, fue que Domingo Gallegos ha realizado una serie de transferencias de más de tres millones de euros a una entidad bancaria de Gibraltar, a través de las que supuestamente ha salvaguardado el dinero en dicho paraíso fiscal. Como explicó el letrado, durante la instrucción del procedimiento no se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para dilucidar este punto, pasándose directamente a la causa penal, lo que va en detrimento de que los afectados puedan recuperar lo invertido.

Procedimiento «baldío»

«Si no encontramos el dinero, será un procedimiento baldío -advirtió el abogado-. Lo que ocurrirá es que irán a prisión y luego al paraíso fiscal a recuperar el dinero. El problema es que el Juzgado de Instrucción no ha cumplido su tarea». Por ello, el objetivo de Cueto era lograr que se suspendiera la vista para que se investigara a fondo el patrimonio de los imputados, para luego bloquear esas cantidades. Además, el abogado aludió a términos como «blanqueo de capitales», informando de que los imputados o al menos uno de ellos también invirtió 700.000 euros en Afinsa.

Tras todas estas consideraciones y un tiempo prudencial de deliberación, la jueza acompañada de todos los letrados volvió a la sala para anunciar que la vista seguía adelante.

Aunque Marín reconoció que «se debería haber investigado más», también recordó que en la instrucción no se había registrado ninguna petición en ese sentido, por lo que consideró que «no hay que dilatarlo indebidamente», apuntando que «las diligencias no afectan al tipo delictivo».

Cueto, por su parte, se reservó el derecho de pedir responsabilidades al Estado por lo que tachó de «atentado contra la tutela de los derechos ciudadanos».