Rafael Ricardi ha encontrado pareja y está esperando un hijo para finales de año, cuando se le termina el llamado paro carcelario. / ÓSCAR CHAMORRO
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Ricardi pide 10 millones de euros al Estado por los trece años que pasó en la cárcel por error

Su abogada solicita la indemnización con un escrito al Ministerio de Justicia , cuatro meses después de que el Supremo lo declarase inocente En caso de concederse, sería la mayor compensación por un error judicial

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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¿Por cuánto dinero estaría usted dispuesto a ceder un solo día de su libertad, de su vida y sus vivencias, para pasarlo entre rejas? ¿Y un mes? ¿Y cuánto cree que cuesta un año de su historia? Rafael Ricardi ha pedido al Ministerio de Justicia que, por los casi trece años que pasó encerrado en la cárcel -condenado por error de dos delitos de violación de los que era inocente-, se le indemnice con una cifra millonaria: 10 millones de euros. Es decir, 2.152 euros por cada día que pasó encerrado, 64.500 euros por cada mes y 774.720 euros por cada año que ha perdido en prisión por unos delitos que nunca cometió. Rafael Ricardi entró en prisión en el año 1996, condenado por dos violaciones que una pareja de hombres cometieron en El Puerto.

El proceso para solicitar la indemnización fue iniciado ayer por la abogada del portuense, Antonia Alba (perteneciente a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), que remitió al Ministerio de Justicia un largo y detallado escrito de nueve páginas, en el que se argumentan las razones jurídicas por las que el portuense merece una cantidad tan importante.

El tiempo perdido

En el documento, al que ha tenido acceso LA VOZ, Alba también apela al lado más sensible del Gobierno, haciendo un recorrido emocional de las experiencias que Ricardi ha sufrido en la cárcel, pero también las que ha perdido fuera de ella: «Le han robado la posibilidad de disfrutar de que su equipo de fútbol ganara la Liga, la Copa y la Eurocopa; hace más de doce años que no ha tenido contacto con sus fiestas populares, como los Carnavales de Cádiz. Este año incluso una comparsa de El Puerto le sacó un pasodoble. Sus voces se alzaron mientras las lágrimas recorrían las mejillas de Rafael», recuerdan sus abogados en el documento, que denuncian «parece que nadie se ha parado en averiguar el calvario que estos casi 13 años ha soportado lejos de los suyos».

En su reclamación, los abogados de Ricardi no sólo le han computado el tiempo que el portuense ha pasado en la cárcel de Topas, en Salamanca (12 años, ocho meses y 26 días), de la que salió el 25 de julio de 2008. También han tenido en cuenta el año que Rafael ha estado en libertad con cargos, a la espera de que el Tribunal Supremo lo considerara oficialmente inocente (el pasado mes de julio) y «las secuelas psíquicas imposibles de cuantificar». En caso de que el Gobierno conceda la indemnización solicitada, será la más alta de la historia de España motivada por un error judicial; aunque hay que tener en cuenta que no existe tampoco un precedente al caso de Ricardi, ya que las compensaciones suelen darse a reos en prisión preventiva, y no a condenados.

Un vía crucis de errores

El escrito (firmado por el propio Ricardi con tres rudimentarias erres -R R R- tachadas por un garabato) relata, punto por punto, el proceso judicial por el que el portuense tuvo que pasar hasta su liberación, haciendo hincapié en el vía crucis de errores judiciales que se cometieron: en primer lugar, se queja del reconocimiento de la víctima ante la policía, donde se identificó al portuense como uno de los agresores atendiendo sólo al estrabismo que sufre, ya que uno de los violadores (que iban encapuchados) tenía también un defecto ocular.

Sin embargo, la abogada de Ricardi se detiene sobre todo en el «más que discutible informe de ADN de 1995», que se utilizó para condenarlo, y en el que se atribuye a Ricardi parte del material genético hallado en los rastros de la agresión. La abogada recuerda, cómo una segunda prueba genética del año 2000 descartó la presencia del reo, pero durante los últimos nueve años nadie solventó el error ni la condena, a pesar de que los tribunales gaditanos contaban con el segundo informe genético.

«No sólo consideramos que se ha producido un error judicial, sino también un mal funcionamiento de la administración de justicia», concluye el escrito, en el que se pide rapidez al Gobierno ya que Ricardi apenas tiene recursos, más allá de la pensión carcelaria que se le acabará en dos meses: «No tiene tiempo para perder, ya ha perdido demasiado. Necesita ayuda y ya».