El Defensor del Pueblo plantea una moratoria urbanística en el litoral

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió ayer de que el valor «excepcional» del litoral andaluz y su «extraordinaria» fragilidad se han visto dañados por la ocupación «masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre», por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.

De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo, realizado por la institución, a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan «cuál es el modelo de ordenación del litoral» que se va ofrecer a las generaciones futuras.

Según lamentó el Defensor, a pesar de la «desaceleración» del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de «tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado». No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior.

Asimismo, recordó que, veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, «todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20% de nuestro litoral», por lo que instó a las administraciones a «impulsar cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado», contemplando las compensaciones necesarias.

Destacó la «ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa», advirtiendo de que la institución ha comprobado «cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadores que luego no concluyen o no ejecutan».

Demoliciones

Además, incidió en la «necesidad» de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir eficazmente estos delitos. Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos, se levanten viviendas para uso residencial e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones sean parte demandante, soliciten como norma general la demolición de lo indebidamente construido.

En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía al menos un millar, Chamizo reprochó que «muy pocos municipios lo han abordado con rigor». Por ello, solicitó que cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades impidan la consolidación de las infracciones, llegando incluso a su demolición. En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaigan sobre los promotores o los residentes de las edificaciones y nunca en las arcas municipales.