Los concejales díscolos rechazan haber cuestionado la contratación de asesores

La estrategia de la defensa de Pedro Pacheco ha dado un giro inesperado: esta vez, ha solicitado a la jueza que testifiquen los nueve concejales del gobierno socialista a los que se conoce como díscolos porque el pasado verano expresaron al secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, sus discrepancias con la gestión de Pilar Sánchez. El abogado del ex alcalde, Felipe Meléndez, argumenta que el testimonio de estos ediles es fundamental para comprobar si hubo irregularidades en la contratación de 19 asesores de la alcaldesa.

El motivo que aduce es que entre las cuestiones que abrieron la crisis interna en el PSOE estaba la incorporación de algunos asesores. Aunque según las fuentes consultadas por LA VOZ, el contenido de la reunión con Cabaña «nada» tuvo que ver con el polémico tema de los cargos de confianza, que se ha convertido en la principal arma política en el enfrentamiento entre la regidora y su ex socio de gobierno, Pedro Pacheco. Las mismas fuentes, que estuvieron presentes en el citado encuentro, aseguraron que «nunca» se planteó este tema al máximo responsable del PSOE provincial.

Entre otras razones, porque «la potestad para nombrar a estos asesores la tiene la alcaldesa, pues es lo que se conocía antes como funcionarios de empleo y así quedó claro de hecho en el primer pleno de la legislatura». Algo en lo que ahondó el extenso comunicado en respuesta a Pacheco enviado ayer por el gobierno municipal.

Las distintas fuentes consultadas recalcaron que si la jueza finalmente los llama a declarar, mantendrán su «colaboración» con la Justicia, aunque «nada» podrán aportar, entre otras cosas porque consideran este asunto «absurdo y sin fundamento alguno». En definitiva, piensan que se trata de un «argumento jurídico totalmente equivocado».

Por otro lado el gobierno local, a través de un comunicado oficial, rechazó ayer «cualquier sombra de duda sobre la legalidad de unos asesores surgidos de un procedimiento tan transparente como impecablemente legal». Asimismo, calificó a las manifestaciones del ex alcalde el día anterior como un intento de crear una «ceremonia de la confusión que sólo busca desviar la atención de la opinión pública acerca de los hechos que de verdad son objeto de estudio por el tribunal».

Recordó además el gobierno municipal que «estas figuras de los asesores deben contar con un acuerdo previo de Pleno y, en buena lógica dada su naturaleza eventual, disponen de un período de vigencia que no puede superar el mandato corporativo».

En lo que se refiere a las supuestas diligencias contra la actual alcaldesa, el gobierno subrayó que «ninguna constancia del inicio de las mismas se tiene hasta el momento, pues ninguna comunicación se ha recibido del juzgado».

'Caso Pacheco'

También aclaró que «Pacheco está siendo investigado por haber abonado cantidades importantes a dos empresas o profesionales de las que no existiría constancia de que estuvieran contratadas en modo alguno (...)». Sin embargo, «la contratación de empresas y profesionales externos para la administración y las empresas públicas está sujeta al procedimiento regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, que entre otras cosas requiere concurrencia, la justificación de la necesidad, y por supuesto el cumplimiento del contrato mediante la entrega de la contraprestación que haya sido objeto del mismo (...). El señor Pacheco, pues, deberá explicar suficientemente al juzgado cuál fue la contraprestación de estas empresas o profesionales a los que impropiamente llama asesores», concluyó.