El secuestro del 'Alakrana' se encarrila con el traslado de los rehenes al barco

Los piratas somalíes que mantienen secuestrado el atunero Alakrana devolvieron ayer al barco a los tres marineros que el jueves fueron llevados a tierra. Los secuestradores habían amenazado con acabar con sus vidas en un plazo de tres días (que vencía el sábado) como medida de presión. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció que los rehenes se encuentran en buen estado, según le informó por vía telefónica el primer ministro de Somalia, Omar Ali Sharmarke. Este gesto hace pensar en una «rápida» resolución del secuestro, según fuentes conocedoras de la negociación.

Los tres rehenes que regresaron al atunero son Patxi Valdés, primer oficial del buque; Antonio Manuel Pérez, electricista, y el marinero gallego Joaquín Fernández. Exteriores considera que la buena sintonía con el Gobierno de transición de Somalia comienza a dar sus frutos y ven más próxima la liberación del atunero tras 36 días de secuestro.

Sobre el terreno, el negociador español y embajador en Kenia, Nicolás Martín Cinto, ha recibido un espaldarazo de las autoridades somalíes, que median directamente con los señores de la guerra que controlan a los piratas que asaltaron el Alakrana. El hecho de que no haya una voz única entre los asaltantes ha generado complicaciones que ya parecen subsanadas gracias al «protagonismo fundamental» que ha adquirido el Gobierno somalí, firme partidario de acabar con la piratería. En el otro frente, el económico, trabajan codo con codo el armador del barco y la aseguradora, aunque nadie habla de cifras ni de rescates.

Los negociadores españoles, asimismo, no tuvieron dudas de los riesgos que entrañaba la detención y el posterior envío a España de los dos piratas somalíes apresados por la fragata Canarias. Sobre todo, porque su encarcelamiento podría encarecer el rescate y, además, sus familias también pedirían a la red de secuestradores más dinero del botín, según informaron fuentes cercanas a la negociación.

Precisamente, el Gobierno mantiene firme su apuesta por agotar la negociación diplomática sobre el terreno y dejó de lado la pretensión de utilizar a los piratas encarcelados como moneda de cambio para liberar a los marineros. Lo considera una opción política tan impensable como jurídicamente inviable, pese a la presión de los familiares de los pescadores, que de forma unánime solicitaron acceder a las peticiones de los secuestradores y liberar a los dos arrestados. También el Gobierno vasco apuntó esta solución como una posible salida.

Fuentes de la Audiencia Nacional corroboraron que esta solución es «complicada», ya que la jurisdicción de la causa compete en exclusiva al tribunal central, y así lo resolvió la Sala de lo Penal el pasado lunes.

Vías legales

Las dos únicas vías legales posibles serían ceder la jurisdicción a Kenia, en amparo del acuerdo jurídico firmado por la Unión Europea que permitiría a este país enjuiciar a los piratas y que el Congreso ratificó el 30 de octubre, o retirar los cargos que se le imputan a los secuestradores, trámite que sólo podría realizar la Fiscalía. Sin embargo, esta alternativa parece poco viable, ya que el Ministerio Público ha defendido desde el principio la competencia de la Audiencia Nacional en este asunto.

No obstante, fuentes judiciales señalaron que el órgano acusador podría tener preparado un borrador por si la negociación del rescate requiere, en último caso, extraditar a los dos piratas para liberar a los 36 tripulantes del Alakrana. Los corsarios fueron detenidos el pasado 4 de octubre por infantes de marina de la fragata Canarias cuando abandonaban el atunero y están acusados de delitos tan graves que podrían pasar 30 años en prisión.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, intentó aplacar las presiones de los familiares de los marineros en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Explicó que el Gobierno trabaja «sin descanso» y hará «todo lo posible en el marco de la ley, aunque el ámbito judicial es técnica y jurídicamente muy complicado», admitió. Una opinión compartida tanto por la ministra de Defensa, Carme Chacón, como por su número dos en el departamento, Constantino Méndez.

El responsable de Defensa aseguró en RNE que se puede discutir «hasta el extremo» temas de jurisdicción, pero que la posibilidad de usar a los piratas encarcelados en el rescate es un asunto «no negociable». El secretario de Estado de Defensa señaló que a los secuestradores no les interesan sus compañeros y que su única hipótesis era la extorsión. «Su interés no es más que obtener su botín. Esta es la premisa que debemos tener presente», afirmó Constantino Méndez.