Contra la corrupción

La corrupción ha alcanzado una intensidad insoportable. Y aunque haya que alabar la eficacia del sistema por el desentrañamiento de muchos episodios, cabe la sospecha de que apenas se ha detectado la espuma del fenómeno, que está probablemente más extendido de lo que ya se conoce. Los hechos acreditan que la corrupción no conoce fronteras ideológicas: la transversalidad de algunos escándalos como el caso Pretoria, en que ha existido connivencia entre personas del PSC y de CiU, acredita que la avaricia enfermiza no distingue colores políticos.

La decepción de la ciudadanía ante este desagradable espectáculo exige una regeneración de la vida pública, basada en la recuperación de los valores originarios del pluralismo democrático. Pero la experiencia demuestra que la carne es débil, y que el único medio de evitar la corrupción es el de establecer los controles que la hagan imposible. En el seno de las organizaciones políticas y en las instituciones. Y tanto el cambio normativo necesario como la implantación de códigos de conducta en los partidos han de hacerse con urgencia, para evitar que se extienda en la opinión pública el descrédito de la política que, aunque justificado en este caso, resulta injusto: pese a las apariencias, sólo una ínfima parte de los servidores públicos se ha dejado seducir por la tentación del cohecho.

La primera norma que debe endurecerse es la ley de Financiación de Partidos, que todavía ofrece resquicios a la venalidad: no es aceptable que personas físicas o jurídicas que contratan con las administraciones públicas hagan donaciones a los partidos o las fundaciones vinculadas a ellos. También es urgente reformar el Código Penal para endurecer las penas y castigar con prisión el cohecho impropio, una figura delictiva que deberá precisarse con rigor. La adopción de estas medidas relativas al Código Penal ya fue aprobada la pasada semana por unanimidad del Congreso, a propuesta de ERC.

Habrá que revisar el modelo de financiación local, los sistemas de contratación de los Ayuntamientos y el papel de los tránsfugas en las corporaciones locales. De entrada, no es sostenible que hasta el 70% de la financiación local provenga del urbanismo; los ayuntamientos deben contar con un modelo de financiación racional. Además, han de perfeccionarse los mecanismos de control establecidos por la ley de Bases de Régimen Local, estableciendo la obligatoriedad de la publicación del patrimonio de los concejales e imponiendo el criterio de que los contratos relevantes y los convenios de larga duración hayan de ser examinados en el pleno municipal y no en la comisión de gobierno. Finalmente, debería incluirse el Pacto Antitransfuguismo en la Ley Electoral.

En correspondencia con estos cambios, los partidos deberán imponer códigos de conducta a sus cuadros. También la sociedad debe poner el impulso necesario a estos cambios, en forma de reproche social: en este país de pícaros, el defraudador y el ladrón de guante blanco han tenido innegable prestigio. Hora es de entender que es inaceptable el saqueo de las arcas públicas, y que quienes abusan de la confianza recibida deben ser excluidos de la políticay de todo acomodo social.