Carretero pide enfrentarse a un jurado

La operación Karlos se resiste como gato panza arriba a someterse al veredicto de un tribunal, bien sea popular o profesional. Cuando tan sólo faltaba por conocerse la fecha del señalamiento de un juicio, que se vaticina largo y complejo en su desarrollo debido a los más de treinta acusados que tendrán que sentarse en el banquillo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se descolgaba a principios de octubre con una providencia en la que consulta a las partes personadas en el procedimiento si consideran que el caso debe ser enjuiciado por un jurado o por los magistrados. Esta consulta no ha hecho más que aplazar aún más el momento de la vista oral, que parece poco probable que se celebre a lo largo del año próximo, ya que la batería de recursos de las defensas está más que asegurada.

Pero si la consulta de la Sala Tercera ha cogido con el pie cambiado al fiscal, las acusaciones (INSS y Junta) y defensas, la respuesta que ha dado el abogado del principal imputado y supuesto cabecilla de la trama, Carlos Carretero, ha terminado por descolocar a más de un letrado. En contra del criterio habitual de las defensas, que rehuyen de los jurados populares por su tendencia a condenar y su escaso entendimiento de los recursos legales que existen para descargar responsabilidades en forma de atenuantes, el abogado Alfredo Velloso ha respondido a la providencia de la Sección Tercera con un sí al jurado popular. Si finalmente se llegara a esta resolución, el morbo estaría garantizado, ya que serían nueve ciudadanos los que decidirían el futuro de un asunto fuertemente mediatizado debido a la implicación de personajes del papel couché como María José Campanario.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía confirmaron a este medio que la decisión de que este procedimiento sea competencia de un tribunal popular es poco probable, habida cuenta que fue una cuestión ya resuelta por el instructor, que tramitó el asunto por el cauce ordinario que desemboca en un tribunal profesional de la Audiencia sin oposición alguna.

Postura opuesta

Si Carretero, a través de su abogado, respalda el enjuiciamiento mediante jurado, en el lado opuesto se sitúa el otro imputado de mayor peso en la causa, el inspector médico, Francisco Casto Pérez Lara. Según las pesquisas de la Guardia Civil, validadas por el juez instructor, el ex funcionario habría ejercido como mano derecha supuestamente de Carlos Carretero al ser él la persona que certificaba las incapacidades fraudulentas. Su letrado, Felipe Meléndez, ha confirmado a este medio que su respuesta a la Audiencia ha sido contraria al jurado.

En el escrito que ha remitido a la Sección Tercera argumenta que a estas alturas del procedimiento, plantearse si debe ser un tribunal profesional o no quien dicte un veredicto sobre los 32 imputados en la operación Karlos genera una inseguridad jurídica mayúscula. Sin dejar pasar el matiz temporal que en este asunto comienza a ser preocupante, ya que han transcurrido cuatro años desde que se produjeran las primeras detenciones y como recuerda Meléndez en su escrito, si el asunto debe ahora acomodarse al tribunal del jurado, se puede prolongar otros tres o cuatro años más. Y para dar solidez a esta argumentación, el abogado gaditano recuerda un auto, fechado el 18 de septiembre de 2007, de la Audiencia Provincial, contrario a la transformación de un procedimiento en otro, cuando el asunto ya está muy avanzado.

La posibilidad de que este procedimiento esté dentro de las competencias del jurado popular se debe a dos delitos de los cinco que aparecen en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal: el cohecho y las actividades prohibidas a funcionario público. Meléndez explica en sus alegaciones que desde el primer momento se centró la investigación policial y judicial en su cliente, funcionario de profesión, y en ningún momento se planteó la opción del jurado hasta el pasado octubre cuando el procedimiento tan sólo estaba a la espera de un último trámite: la fecha de la esperada vista oral.

Otro de los argumentos que ha esgrimido en contra del tribunal popular es que de los delitos que están bajo su competencia, tan sólo hay cuatro de los 32 imputados acusados por ellos.

Una baza futura

Este periódico ha podido saber que a diferencia de los abogados de los dos acusados principales en el caso, la mayoría de las defensas han optado por esperar la resolución de la Sección Tercera. Esta postura sólo escode una estrategia procesal clara: el consiguiente recurso que dilate aún más en el tiempo el asunto. Diga lo que diga el presidente de la Sala, aquellos imputados que no se han posicionado recurrirán la decisión del magistrado. Esos recursos serán elevados al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; órgano competente en los conflictos que surgen en torno al tribunal del jurado.

Dejar que el tiempo pase sin que el asunto sea juzgado juega a favor de los procesados, cuyas defensas siempre tendrán la opción de esgrimir como atenuante las dilaciones indebidas; una circunstancia que recoge el ordenamiento jurídico español para reducir la pena final cuando un proceso no se resuelve en unos plazos razonables. Ésta podría ser también la estrategia de Carretero, ya que si la Sala se decanta por el jurado tendrá que devolver el asunto de nuevo al juzgado de Instrucción.