Rehabilitar a los maltratadores sigue siendo la asignatura pendiente de la Ley

El desarrollo de medidas de inhibición y rehabilitación de los maltratadores condenados por violencia machista es un "capítulo pendiente" de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno hace cuatro años. Así lo ha manifestado la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, durante su intervención en el III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se ha inaugurado hoy en el Senado.

La fiscal ha afirmado que no es tiempo de reformas legales "poco maduradas" de la citada Ley sino de desarrollar "capítulos pendientes" como la elaboración de "un modelo específico y homologado" de intervención en personas condenadas por delitos de violencia de género en los casos de sustitución o suspensión de la pena privativa de libertad. Según Cazorla, se trata de medidas alternativas que aún no se ejecutan no porque sean "inoperantes o inconsistentes jurídicamente" sino por "falta de previsión de medios" en una "cuestión espinosa", pues afecta a la seguridad de las víctimas y a la sensación de impunidad.

"Dejemos que la Ley tenga su tiempo y cumpla su mayoría de edad", ha solicitado Cazorla, quien ha denunciado además que los Juzgados Penales no se han especializado ni se ha cumplido el propósito de que se contara con un Juzgado de lo Penal especializado en cada provincia. "Hay que dar el paso de que esta especialización llegue a los juzgados penales, porque hay materias como ésta en las que hay que conocer las peculiaridades de los actores principales del mismo, agresor y víctima", ha explicado.

Aumento de las denuncias del entorno

En esta línea, la presidenta del Observatorio de la Violencia de Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha adelantado que algunos de los nuevos Juzgados de lo Penal que entrarán en funcionamiento el 1 de enero de 2010 asumirán en exclusiva los asuntos relativos a violencia sobre la mujer. Además, según Cazorla, las Unidades Forenses de Valoración Integral todavía no se han extendido a todas las provincias.

En relación con las medidas disponibles para controlar a los maltratadores y proteger a las víctimas, se han repartido ya 32 pulseras electrónicas y hay 13.627 usuarias de teleasistencia, ha explicado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. El entorno cercano comprende cada vez más el peligro real que encara la mujer, pues las denuncias presentadas por la familias y amigos de las víctimas de maltrato han aumentado un 116% en 2008, según ha informado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, durante la apertura esta mañana del Congreso. Al acto inaugural también han asistido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y el de la Cámara Alta, Javier Rojo, entre otros.

La utilidad de la ley

Conde-Pumpido ha pedido no rendirse ante "la lentitud" de unos resultados en la lucha contra la violencia machista que se han hecho esperar durante siglos y, por lo tanto, "sólo serán mensurables desde una proyección histórica". La ley integral, ha añadido, no es más que un punto de partida o una parte del proceso que se mejora día a día.

En la línea del Fiscal General, Aído ha indicado que la ley es una herramienta útil, pero que por sí misma no puede acabar con la violencia de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, sin ella la situación actual sería "completamente" distinta. La ministra de Igualdad ha asegurado que se está logrando una mayor implicación social acerca de este problema, aunque no exista "un posicionamiento sostenido en el tiempo".

Por otro lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha explicado que desde la promulgación de la ley no se ha dejado de implementar el marco normativo e institucional para seguir avanzado. Según Caamaño, el enemigo de la violencia machista no es fácil de vencer porque cuenta con aliados silentes e implícitos que a veces se escapan, y ha recalcado que la justicia no es responsabilidad sólo de quienes hacen y aplican las leyes sino que es cosa de todos.