La OEA da un ultimátum a los golpistas

Tras un intenso debate entre sus miembros, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió dar un plazo de 72 horas al Gobierno golpista de Honduras para restablecer el Estado de Derecho en el país. De no cumplirse la resolución en el tiempo fijado, Honduras podría ser excluido del organismo. Tras este ultimátum de la OEA, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, que se proponía regresar hoy mismo a Tegucigalpa, decidió retrasar su vuelta hasta el sábado. «Ha comenzado la cuenta atrás para mi retorno», advirtió desde Panamá, adonde viajó para asistir a la investidura del presidente Ricardo Martinelli.

La OEA exigió el «inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente a sus funciones constitucionales». Horas antes, la ONU había se había expresado en los mismo términos, pero ante la resistencia manifestada por los golpistas, el organismo americano agregó la palabra «seguro». Los términos de la resolución fueron debatidos acaloradamente por los representantes de la OEA. Los países aliados de Venezuela (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) y Argentina reclamaban una sanción a Honduras sin más demora. Pero Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica y Perú propusieron el ultimátum, que fue la medida aprobada finalmente.

Zelaya había previsto regresar hoy a su país, escoltado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y por colegas latinoamericanos, entre los que figuraban la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa. Ahora, tras el aplazamiento, no se descarta que el depuesto mandatario regrese acompañado únicamente por Insulza y un grupo de cancilleres. El secretario general de la OEA advirtió de que si no se cumple la exigencia, no será el pueblo de Honduras, sino «los usurpadores», los que serán suspendidos.

A pesar de la amenaza, el nuevo presidente hondureño, Roberto Micheletti, reiteró que si Zelaya regresa será encarcelado, al tiempo que pidió a los presidentes que se ofrecieron a acompañarle que desistan de hacerlo. «Les quiero decir, con todo respeto a los presidentes que intentan venir, que aquí hay un pueblo consolidado con este Gobierno y que por favor no interfieran en asuntos que no les corresponden». Mientras se incrementa la artillería verbal, en una crisis que parece escalar día a día, fuentes diplomáticas de la región admiten que el plazo otorgado por la OEA propicia un tiempo para la negociación.

Consulta popular

Se espera que los golpistas se comprometan a aceptar el regreso de Zelaya para completar su mandato. Si es así, el expulsado presidente desistiría de la controvertida iniciativa de llevar a cabo la consulta popular. Zelaya iba a realizar una encuesta no vinculante, declarada ilegal por los tribunales, en la que se pedía a la población que decidiera si al mismo tiempo que las elecciones generales de noviembre se elegían los delegados de una Asamblea Constituyente.

Los opositores al presidente aseguran que Zelaya buscaba una reforma que le permitiera perpetuarse en el poder. Pero el mandatario, secuestrado por las Fuerzas Armadas y trasladado a Costa Rica, declaró ayer que sólo quiere terminar su mandato y entregar el cargo en enero de 2010 a su sucesor, como está previsto en la Constitución. Algunas fuentes señalan que, si se permite su vuelta al poder, Zelaya otorgaría una amnistía a los golpistas. En este sentido, ayer adelantó que «como cristiano» les perdonará.

Mientras, Micheletti declaró que su Gobierno «tiene muchos amigos» en Washington que «van a saber comprender la situación» por la que atraviesa su país. Por eso prepara el envío de una delegación de ministros y empresarios a la capital estadounidense, que pondría en una incómoda tesitura diplomática a Barack Obama, que ha asegurado que no reconocerá a otro gobierno que el de Zelaya.

En el Departamento de Estado, la secretaria Hillary Clinton declaró ayer que la crisis en Honduras «todavía es muy fluida» como para calificarla de golpe. Y el influyente The Wall Street Journal sostenía en su editorial de ayer que el golpe de Estado en Honduras, «aunque parezca extraño, es democrático», ya que los militares depusieron al presidente tras una orden judicial.

Entretanto, en Honduras, una treintena de ministros y secretarios del Gobierno depuesto, muchos desde la clandestinidad, se negaron a reconocer a Micheletti. Y los medios de comunicación, nacionales e internacionales, siguen intervenidos. Además, el alcalde de San Pedro Sula, segunda ciudad del país, denunció que fue destituido tras el derrocamiento de Zelaya.