Ilegalidad

Sorprendentemente, los militares hondureños decidieron ayer cortar por lo sano, capturaron al presidente, Manuel Zelaya, tras asaltar su residencia y lo enviaron en un avión a Costa Rica. Así murió, del peor de los modos y antes de que empezara, la estrambótica consulta popular que el mandatario pretendía haber llevado a cabo.

La actitud del Ejército es una sorpresa porque su máximo responsable, el general Romeo Vásquez, ya había alcanzado una victoria suficiente en términos políticos y de imagen al obligar al presidente a dar marcha atrás en su anunciada decisión de relevarle en la jefatura del Estado Mayor. La razón es conocida: Vásquez se negó a poner en práctica una especie de referéndum sin base legal alguna con el que el presidente, un líder que se escoró repentinamente hacia el campo castrista-chavista y utiliza una retórica populista, quería saber si la ciudadanía deseaba cambiar la Constitución y permitir la reelección del jefe del Estado. No es una calumnia que Zelaya estaba pensando en sí mismo.

Vista la fuerte hostilidad del Parlamento (incluido el oficialismo) y del Tribunal Supremo y con una tensión creciente en la calle, el presidente reculó, renunció a destituir al general Vásquez, redefinió su proyecto a una consulta no vinculante y aseguró que, en cualquier caso, él estaba resuelto a dejar el poder el año próximo. Según esta benévola versión, Zelaya sólo querría saber lo que le habría dicho un buen sondeo: si hay espacio social para un cambio constitucional al respecto, como han hecho, pero desde la legalidad y con un fuerte debate político y jurídico, Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador.

Si no se produce un derramamiento de sangre, lo que no es por completo descartable, lo sucedido en la paupérrima Honduras tiene algo de comedia disparatada, con un presidente inmaduro cuya conducta errática e improvisada sólo ha conseguido enrarecer el ambiente, crear un grave problema donde no lo había, polarizar la situación política y social y perjudicar al Partido Liberal al que pertenece. Pero, en todo caso, ha sido depuesto ilegalmente. La crisis provocada por él mismo no puede ser resuelta por un golpe militar que suscita el repudio mundial y que resulta, en la mejor de las situaciones, superfluo en una Latinoamérica democratizada.