Obras realizadas en invierno en una calle del centro de Chiclana. / LA VOZ
Chiclana

El Consistorio pide un crédito para pagar a sus proveedores y renuncia a las ayudas del ICO

Dentro de tres meses abonará 1,3 de los casi tres millones de euros sin consignación que adeuda a pequeños empresarios

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El Ayuntamiento de Chiclana pagará dentro de tres meses a buena parte de los proveedores y pymes, a los que adeuda casi tres millones de euros procedentes de gastos sin consignación, presuntamente derivados de la gestión del Gobierno cuatripartito en los 17 primeros meses del presente mandato municipal.

Se da la circunstancia, tal y como explicó ayer la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Manuela Moreno (PSOE), que el actual equipo de Gobierno ha descartado la vía de los préstamos estatales a través de las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y se ha decantado por la petición a una entidad bancaria que le permita abonar el 40% de esa deuda.

Según explicó Moreno, las razones de no haber elegido los créditos estatales disponibles son que «éstos obligaban a una subida de impuestos inasumible en estos momentos, y además no permitían que el Consistorio pudiera pedir préstamos para inversiones en los próximos seis años».

La fórmula elegida supondrá pues, tras la aprobación plenaria de la iniciativa que tendrá lugar en el Pleno ordinario de mañana, que el Ayuntamiento suscriba un préstamo de legislatura con una entidad bancaria aún por definir de entre todas las que oferten sus productos financieros. Ésa es precisamente la denominación de una operación de tesorería con carácter especial, que supondrá que «las cargas financieras no comprometan a futuras Corporaciones», y cuyos intereses vencerán con el fin del actual mandato.

Con ese dinero (la cuantía exacta del préstamo será de 1,218 millones y otros 100.000 euros procederán de fondos propios), el Consistorio tiene intención de pagar «a una parte de los proveedores y pequeños empresarios a los que les dejó deber dinero». Los pagos (1,318 millones en total) servirán para liquidar un conjunto de facturas que ya ha seleccionado el departamento de Intervención, y que corresponderán en su mayoría a «pymes y autónomos cuya supervivencia dependa en gran medida de estos pago». Dicho de otra forma, aquellas empresas que por tamaño y solvencia puedan permitirse una demora mayor en el abono tardarán más en cobrar.