María Jesús Montero

U n proverbio árabe sostiene que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Cuando los alcaldes andaluces, sobre todo del PP, propusieron que la deuda histórica se dedicará a mitigar la enclenque situación de las arcas municipales, la cúpula del PSOE, con Manuel Chaves a la cabeza, lo rechazó de plano: el dinero de la Disposición Adicional Segunda se emplearía en educación, sanidad y vivienda. Cualquier otro concepto violaría el precepto estatutario que inspiró esta reclamación. Así de claro se expresaron los popes socialistas hace apenas cuatro meses.

PRINCIPAL PREVISIÓN

Ciudad de la Justicia de Sevilla

Andaluces de Sevilla padecieron, a principios de la década de los ochenta, las consecuencias de contar con una sanidad y una educación de una calidad notablemente inferior al del resto de regiones de España que accedieron a la Autonomía en aquella primera tanda. Un agravio que, como todo el mundo sabe, también soportaron malagueños, granadinos o gaditanos.

Los ciudadanos de las ocho provincias, en definitiva, llevan 27 años reclamando al Estado una justa reparación. Así lo especificaba el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 y así quedó refrendado en 2007. El acuerdo histórico, cerrado el pasado marzo entre los gobiernos socialistas estatal y regional, que cifraba la deuda histórica en 1.204 millones de euros, abría la puerta para que se cumpliera este anhelo colectivo. Ya no está tan claro.

Distintos miembros del Gobierno andaluz, incluido el presidente José Antonio Griñán, han admitido la posibilidad de que el Gobierno liquide esta cantidad con terrenos, en vez de con dinero. Lo justifican en la actual coyuntura de crisis económica. Un hecho que podría encajarse en el guión previsto, salvo porque la primera previsión que se ha realizado es una parcela para construir la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Y ese proyecto atenta contra el espíritu y la letra del Estatuto, porque la justicia no está entre los tres preceptos originales de la reclamación. No vale. Daría igual si el proyecto se ubicase en cualquier otra provincia. La cuestión es que las asignaciones complementarias no se emplearían en sanidad, educación o vivienda protegida.

PP E IU

Un botín político

Que 1.204 millones les parece poco dinero. Este es el único resquicio que les quedaba a los partidos de la oposición en relación con la deuda histórica, tras el éxito socialista al culminar el proceso.

Pero ahora, al Partido Popular e Izquierda Unida le han regalado un argumento inesperado. Los populares, que nunca han apostado por la deuda histórica tanto como ahora -durante el Gobierno de José María Aznar lo hubieran tenido más fácil-, y los dirigentes de la coalición de izquierdas ya ha anunciado que tomar la calle para protestar por el abono en especies de estos 1.204 millones de euros pactados.

También anuncian denuncias ante los tribunales. Ésta es una acción legítima, pero que puede retrasar el pago acordado por la Junta y el Estado, que debe ejecutarse el año que viene.