El Ayuntamiento se niega a pagar más por las expropiaciones en la calle San Onofre

Las buenas intenciones para alcanzar un acuerdo beneficioso con los expropiados de San Onofre han caído en saco roto. Así lo aseguraron los vecinos tras la última reunión mantenida con responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Empresa Municipal de Suelo Isleño (Esisa), en la que rechazaron ampliar la cuantía de las indemnizaciones por expropiarles sus viviendas e incluso emplazaron a los afectados a mantener un encuentro con la empresa promotora que realizará la reurbanización de San Cayetano y la apertura de un vial para la conexión de Santo Entierro y la avenida de la Marina con Ronda del Estero si querían más dinero.

El pasado 29 de mayo, este proyecto quedaba aprobado en Pleno y, por lo tanto se hacía oficial la expropiación, de las ocho fincas, con unos justiprecios que se presuponían superiores a la última oferta presentada y rechazada por los vecinos, que fijaban las tasaciones entre los 20.000 y los 30.000 euros.

La sorpresa de los vecinos, a los que se suma el propietario de un negocio, ha sido mayúscula al comprobar que la cuantía no había cambiado. La Administración local mantiene el cómputo global de las indemnizaciones en una cifra que ronda los 280.000 euros, y que deberá ser repartida según el criterio de Esisa.

El grupo de vecinos ha quedado dividido entre los que solicitan el aumento de la cuantía y los que exigen recibir una vivienda a cambio de la que van a perder. Por el momento, según explicó el presidente de la asociación de vecinos de Gallineras, Manuel López, se están planteando acatar la petición de la Gerencia y solicitar al promotor que ponga el 20% de más que exigen los vecinos que apuestan por el incremento económico. Sin embargo, al menos tres de los afectados insistirán en luchar el acuerdo hasta conseguir una vivienda o el importe exacto de la misma, teniendo en cuenta que la de menor cuantía que ofrece Esisa ronda los 60.000 euros. «No estamos dispuestos a hipotecarnos ni a pagar un alquiler», señalaron los vecinos, a la vez que recalcaron estar perdiendo «una casa en propiedad por nada».

Así anunciaron que una vez recibido el comunicado oficial del Ayuntamiento se dirigirán a la Comisión Provincial de Valoraciones para baremar el justiprecio de las viviendas. Además estudian iniciar trámites legales a través del juzgado de lo contencioso administrativo.

El abogado de la entidad vecinal, José Antonio Gamero, explicó que «estamos intentando que no se demoren las expropiaciones porque las obras son positivas por el nuevo vial y la mejora del alcantarillado, pero tras la división de los vecinos, cada uno realizará las acciones que consideren de forma individual». De hecho Gamero explicó que «la Ley posibilita llegar a un mutuo acuerdo con cargo al promotor». Si se llegase a esta solución quedaría solventado el proyecto.