El Ayuntamiento incumple el plazo para contratar la auditoría externa

Ayer se cumplió el plazo de una semana para la puesta en marcha de una auditoría privada y externa del Ayuntamiento, tal y como acordaron por unanimidad los tres grupos políticos en la última sesión plenaria. Y sin embargo, aún no se ha anunciado la empresa encargada de analizar las cuentas municipales después de que se hayan perdido casi 8 millones de euros ni cuándo se comenzará a realizar tal procedimiento. De hecho, es que no hay todavía decisión alguna.

Según ha manifestado la propia delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, se continúa trabajando para resolver «los trámites necesarios para dar cumplimiento al acuerdo plenario», si bien se está a la espera de la contestación de la Cámara de Cuenta al escrito enviado desde el Consistorio para saber la mejor fecha de inicio de tal auditoría, de modo que «no interfiera en el trabajo que se está desarrollando desde la propia Cámara», explicó la edil andalucista.

No obstante, esta petición es poco habitual e incluso innecesaria, ya que la Cámara de Cuentas no suele determinar la contratación de una auditoría privada por parte de los ayuntamientos. De hecho, no existiría ningún inconveniente para que ambos trabajos se realizaran de forma simultánea.

Razón por la que desde el Partido Socialista (PSOE) se interpreta la espera de la petición como una nueva excusa del Bipartito para «no cumplir con la transparencia que han querido mostrar desde un principio, simplemente porque no les interesa que se realice una auditoría en el Ayuntamiento; intentan que no se produzca a pesar de que se trata de un acuerdo plenario», asegura el concejal Fernando León. Pero lo que más extraña a los socialistas es la actitud del Partido Popular, pues a pesar de «votar a favor de las mociones de la auditoría no ejerce ninguna presión y en las sesiones informativas tan sólo guarda silencio», expone León.

Mientras tanto, lo que sí se han comenzado a estudiar son diferentes presupuestos de empresas privadas dispuestas a realizar una auditoría externa del Consistorio.

Polémica con vecinos

A todo esto, los escritos realizados por el Partido Andalucista (PA) para criticar la politización de los movimientos ciudadanos que exigen responsabilidades políticas por el caso de la caja municipal han creado encrespado los ánimos. El presidente de la propia Federación de Vecinos, Antonio Romero, afirma no comprender la razón de poner «una etiqueta política a las manifestaciones ciudadanas para coartar la libertad de expresión». Por su parte, Casco Histórico ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, José Chamizo, para que incoe un expediente sobre la responsabilidad administrativa y patrimonial ante «el indecoroso tratamiento para la averiguación del desfalco».