Cadena de irregularidades

El pasado 24 de marzo dio comienzo en la Audiencia Nacional el juicio sobre la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yakovlev-42 siniestrado cerca del aeropuerto de Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003. En el banquillo de los acusados se sentaban el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados de dos delitos de falsificación de documentos oficiales por los que el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, pedía penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel.

Unos días ante del inicio del juicio, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba la comparecencia como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, y admitía el testimonio del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Félix Sanz Roldán y del general José Antonio Beltrán.

La ausencia de Trillo supuso un jarro de agua fría para las familias de los fallecidos, que consideran al ex titular de Defensa máximo responsable de las irregularidades cometidas por los mandos militares. Pero lo que terminó por desolarles fue la negativa del juez de la audiencia Javier Gómez Bermúdez, que no tuvo a bien admitir a la causa el testimonio de los dos principales forenses turcos que dirigieron todas las autopsias de los militares españoles, Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu. En cambio sí admitió las declaraciones de los médicos auxiliares turcos Mustafa Gündüz y Bülent Sabrán, que participaron en ellas, y la empleada del Instituto de Toxicología de Estambul, Fátima Mukaddes.

En un giro inesperado de los acontecimientos, y después de que el general Navarro les imputara en su declaración 'mala praxis' y trabas durante la identificación de los cadáveres, Sam y Muslumanoglu cogieron un avión y se plantaron en Madrid sin saber si su presencia iba a cambiar la opinión del tribunal. Previamente habían sorprendido a propios y extraños con unas declaraciones publicadas en un periódico nacional en las que aseguraban que el general Navarro se encontraba ebrio durante el reconocimiento de los 30 cuerpos.

Ya en Madrid Sam se ratificó en sus acusaciones a las preguntas de la defensa: "Estaba consciente para trabajar, pero olía a alcohol y eso lo vio todo el equipo", señaló.

La presencia como testigos de los forenses turcos fue recibida con aplausos por los asistentes a la vista pública. Ambos fueron desmontando, uno a uno, los argumentos de defensa del oficial médico y sus dos subordinados.

Los forenses vinieron a incidir en "las prisas" que tenía el general Navarro para acabar "cuanto antes" las identificaciones y firmar las repatriaciones para llegar al funeral de Estado que se iba a celebrar horas después en la base de Torrejón de Ardoz de Madrid. Aseguraron que el general les "prometió" que practicaría las autopsias de los cuerpos sin reconocer cuando llegasen a España. Una labor que finalmente no se produjo y cuya posibilidad tampoco fue comentada a los familiares de las víctimas, que se llevaron los féretros de los suyos tras concluir el funeral.

No fue el único varapalo que sufrió la reputación de Navarro. El general aseguró el 25 de marzo que había firmado las actas "pese a que todo estaba en turco y no entendía nada". Punto que desmintieron los dos forenses turcos al asegurar que el acta de entrega de los cadáveres "fue traducida al español" por el intérprete del consulado español en Estambul.

En otro momento del interrogatorio, los especialistas médicos coincidieron en afirmar que los cadáveres eran llevados de las bolsas a los ataúdes por militares españoles y que en ningún momento atisbaron la presencia de soldados trucos. Un proceso, en cambio, que el propio Navarro atribuyó a estos últimos, dejando entrever que en ese intercambio se produjo el "baile de números".

En su escrito, además de mantener las condenas, la fiscalía incluyó en el apartado de responsabilidad civil a la aseguradora del Ministerio de Defensa y como subsidiario al Estado por si los acusados no pudieran asumir la multa económica.