Rebeldía social

E l bárbaro asesinato de Yasmín Rodríguez de 37 años la pasada madrugada en Irún, presuntamente a manos de su ex compañero sentimental, en un alevoso ataque con arma blanca tras neutralizar el agresor a la víctima embistiendo su vehículo, proyecta con toda su crudeza la persistencia de una lacra como la violencia machista que pese a los avances logrados desde la implantación de la Ley Integral en 2004 golpea periódicamente con saña a la sociedad española. Pero el hecho de que una persona hubiera acudido en su auxilio indica también la existencia de una sensibilidad social progresivamente más acentuada que hace albergar la esperanza de que la tolerancia cero ante la violencia de género acabe por instalarse en el conjunto de la sociedad. Porque por más que se perciba un avance notable en la contundente respuesta institucional, como se evidenció ayer con las condenas inmediatas y terminantes del lehendakari, el consejero de Interior, Ararteko, y el ayuntamiento, es necesario todavía un paso adelante del conjunto de la sociedad para que emerja definitiva y contundentemente el rechazo y la rebeldía contra las agresiones a las mujeres. Pero la muerte de Yasmín que personifica la decimocuarta víctima de género en lo que va de 2009 obliga a preguntarse también si esta lacra se está afrontando como el problema de estado que es, dotando a los poderes públicos de los instrumentos más eficaces en el ámbito educativo, social, sanitario, publicitario y mediático para atajar el complejo problema.

Es cierto que se han incrementado los medios para ayuda y protección de las mujeres amenazadas en un trabajo de prevención que se han mostrado a partir de la experiencia decisivo para evitar dar oportunidades al agresor de perpetrar su ataque; también se ha reforzado la persecución penal del victimario con un tratamiento diferenciado y se insiste en mantener un intenso trabajo de pedagogía para extender la concienciación social de la violencia machista. Sin embargo, no se puede olvidar que la resolución del problema está intrínsecamente ligada al principio de igualdad y no discriminación; y es en esas pautas de conducta y principios de convivencia donde es preciso dar la batalla clave porque la violencia contra las mujeres es la manifestación suprema de la desigualdad.