Con peor salida

Las previsiones económicas de primavera desveladas ayer por la Comisión Europea, que vaticinan para este año una contracción del PIB del 4% y del 0,1% en 2010 tanto para los países de la zona euro como para el conjunto de la UE, acreditan de nuevo cómo los pronósticos se ven superados por una realidad más acuciante y penosa de lo que se anticipaba hace apenas unos meses. Esta constatación, sumada a la evidencia de que las principales economías mundiales continúan sumidas en una profunda crisis, obliga a contemplar con escéptica cautela las manifestaciones del comisario Almunia, al asegurar que la situación europea ya no es de “caída libre” y contemplar algunos y esperanzadores síntomas de estabilización. Es obvio que en un escenario tan lúgubre cualquier atisbo de contención en los peores efectos del ciclo recesivo cabe interpretarse como un avance; pero ello no puede llevar a incurrir en expectativas de recuperación todavía difícilmente verificables. La confianza expresada por el ministro Corbacho en que los datos del paro correspondientes a abril que se harán públicos hoy experimentarán una mejoría con respecto a las desoladoras estadísticas de los meses precedentes refleja hasta qué punto de deterioro ha llegado la economía española y qué está en condiciones de considerar un motivo de cierto alivio.

En este sentido, las previsiones de la Comisión son negativas para España no sólo porque se suman a otras opiniones autorizadas que prevén una salida de la crisis más trabajosa que la de otros países de su entorno; también porque todos los indicadores comunitarios –paro, aumento del déficit y recorte del PIB- están muy lejos del cuadro elaborado por el Gobierno, el cual, a tenor de cómo ha evolucionado la recesión, se ha demostrado de un optimismo temerario. El augurio de la UE de que el porcentaje de desempleados se elevará en nuestro país hasta el 20,5% en 2010 supone una advertencia añadida para que el Ejecutivo revise con urgencia su política económica, anticipándose a futuros nuevos problemas. En este sentido, tanto las posibles ayudas a ciudadanos inmigrantes sin trabajo –en este caso, rumanos- para que regresen a sus países de origen como las reformas en la Ley de Extranjería deben decidirse con un criterio responsable que evalúe de manera realista las dificultades que atraviesan los colectivos más vulnerables, pero sin caer en estrategias restrictivas de derechos y de cuestionable eficacia.