Conde-Pumpido pide al Gobierno que cambie la ley para disolver los ayuntamientos de ANV

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que su Departamento ha sugerido al Gobierno una modificación de la Ley de Régimen Local mediante la cual se impediría que los concejales de ANV permaneciesen en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra dada su condición de cargos electos pese a la ilegalización del partido por el Tribunal Supremo.

"Nos hemos dirigido al Gobierno sugiriendo una posible y sencilla solución legislativa, que es la única constitucionalmente viable, para resolver, al menos en el ámbito de la Ley de Régimen Local, aquellos supuestos en los que las pruebas de vinculación de un partido o candidatura con una organización terrorista se obtienen después de las elecciones y por tanto ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial", ha expresado Conde-Pumpido en la Comisión de Justicia del Senado.

El fiscal general del Estado ha comparecido a petición del PP para ofrecer explicaciones acerca de su política antiterrorista que ha calificado como "la amenaza más importante para la convivencia tanto en el plano doméstico como internacional". "La amenaza sigue viva, aunque el trabajo de muchos ha permitido reducir su capacidad no quiere decir que los violentos no traten de aprovechar todo lo que está a su alcance para causar dolor", ha asegurado.

En su intervención, Conde-Pumpido se ha congratulado por haber logrado tras las últimas elecciones en el País Vasco un Parlamento sin representantes del terror. "Hemos conseguido erradicar del Parlamento vasco todo rastro de terrorismo, el proceso ha sido muy difícil". Según ha explicado, "el tratamiento jurídico de la ilegalización de partidos o la impugnación de candidaturas no siempre ha permitido a la Justicia coincidir con los tiempos de la política, de ahí que esos mismos excedentes profesionales a los que hoy les corresponde el éxito de un Parlamento limpio del terror han tenido que escuchar en el pasado descalificaciones injustas bajo acusaciones de instrumentalización política profundamente ofensivas para su dignidad profesional".

A partir de ahí, ha defendido la integridad de los fiscales que llevaron a cabo los procesos contra las distintas marcar electorales del entorno de ETA. "No habrían aceptado jamás ni de mi, ni de nadie ninguna instrucción llamada a torcer la interpretación de la ley", ha aseverado.