Los despedidos tras un ERE temporal tendrán hasta 120 días más de paro

Los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal posteriormente despedidos tendrán hasta 120 días más de prestación de paro, según adelantó ayer el titular de Trabajo, Celestino Corbacho. Consciente de que el tiempo apremia ante la crisis y de que carece de sentido mantener indefinidamente algunas mesas de diálogo social (ámbito de debate y negociación entre Gobierno y agentes socio-económicos), advirtió de que el proceso va a entrar en tiempo de «prórroga», es decir, que la falta de resoluciones pactadas obligará al Ejecutivo a actuar. «Las conversaciones no pueden ser eternas. Hay que definir», dijo sin descartar la hipótesis de «consenso razonable».

Las declaraciones de Corbacho se produjeron en la sede de su Departamento en un receso del acto de constitución del Consejo General del Sistema Nacional de empleo. El ministro también se refirió al plan de choque de reinserción laboral, diseñado en 2008 por Jesús Caldera, para el rescate de 470.000 desocupados. Desveló que Trabajo llevará al diálogo social la idea de que este proyecto coyuntural se convierta en estructural. Corbacho informó que, con indepencia de matices de sindicatos y patronales, ambas partes se aproximan al entendimiento en la reforma de los ERE, porque los cambios favorecerán a ambos.

Por un lado, conllevan mejora de la cobertura de desempleo en las suspensiones temporales, medida ya contemplada en las propuestas remitidas por Moncloa a los agentes sociales el pasado día 31. La horquilla barajada va desde los 90 a los 120 días de reposición de la prestación, pero Corbachó apuesta por la parte más alta en sintonía con el plan de la automoción. Así, un trabajador regulado siete meses (210 días) y despedido después de su reincorporación habrá consumido sólo 90 días de la prestación de paro durante su inactividad temporal.

Y, por otro, habrá beneficios para las empresas vía bonificación de cuotas a la Seguridad Social, posibilidad igualmente contemplada en el documento de enero. Las compañías verán reducida a la mitad su aportación (excluida la incapacidad temporal) en los expedientes con suspensión si se comprometen a mantener los puestos durante, al menos, un año.

Corbacho rehusó facilitar el coste de las dos medidas. No obstante, la propuesta de Moncloa refleja que la ampliación de la prestación supondrá unos 320 millones de euros. Para el ministro, el esfuerzo merece la pena.