El Gobierno frena la reforma legal contra las huelgas de jueces que anunció Bermejo

El Gobierno no tiene previsto legislar para impedir futuras huelgas judiciales. La vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, desmintió ayer al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que el pasado miércoles, mientras la judicatura realizaba con éxito el primer para laboral del sector en democracia, anunció su disposición a llevar al Parlamento en breve una ley para regular y prohibir a los jueces el ejercicio de la huelga. En su opinión, la magistratura carece de ese derecho porque sus miembros integran uno de los poderes del Estado.

En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega indicó en cambio que esa reforma legal se hará «en algún momento», pero no es una de las prioridades del Ejecutivo. La número dos del Gobierno indicó que lo prioritario ahora es «seguir trabajando para modernizar la justicia y para hacer más eficiente su funcionamiento».

De manera simultánea, el objetivo es retomar las negociaciones con los jueces para evitar nuevos paros como el ya anunciado para junio próximo. «Seguiremos insistiendo en el compromiso de trabajo y de diálogo con todos», aseguró. La vicepresidenta, no obstante, quiso dejar claro que pese a que el Consejo de Ministros no tenga prisa en aprobar la nueva legislación, «la huelga no estaba justificada».

Recordó Fernández de la Vega que las mesas de diálogo con las asociaciones del sector ya estaban en funcionamiento y el ministerio había aceptado buena parte de las reivindicaciones exigidas por los magistrados. Insistió también en que para el Ejecutivo ahora «lo más importante es seguir trabajando» en la mejora de la Justicia.

Fernández Bermejo, por su parte, remitió ayer una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en la que le pide que le remita «una relación nominal de los jueces y magistrados que manifestaron que se declaraban en huelga» el pasado día 18. Según el órgano de gobierno de los jueces, el paro fue secundado por 1.635 de ellos. Los convocantes elevan esa cifra de manera considerable, y serán los tribunales superiores los que fijarán el censo de huelguistas. Fernández Bermejo, en la misiva, no oculta cuál es el destino que quiere darle a la lista de nombres que reclama a Dívar. La solicitud, dice, se hace «a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar».