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Cajas a examen

Los datos hechos públicos ayer por la Confederación Española de Cajas de Ahorros muestran la preocupante evolución de estas entidades durante el ejercicio 2008. No se puede calificar de otro modo una caída del 38,7% en el beneficio y una mora que se multiplica por cuatro. Estos resultados globales requieren precisar que no a todas las cajas les ha ido tan mal el año pasado, lo que significa que a algunas les ha ido incluso peor que a la media. En cualquier caso demuestran que las cajas padecen en toda su crudeza los embates de la crisis, contrastando con los ofrecidos por la banca. Esto último se explica por la gran exposición que las cajas de ahorros mantienen respecto al sector inmobiliario y al crédito al consumo, y por su escasa diversificación tanto en cuanto a los distintos sectores productivos como a las diversas áreas geográficas. Pero ello en ningún caso puede eximir a sus responsables directos y a las instituciones de las que dependen de afrontar su futuro reconociendo el carácter crucial del momento que atraviesan.

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El férreo control establecido por el Banco de España permite pronosticar que no habrá problemas definitivos de solvencia en el sistema. Pero para eludir ese riesgo será necesario que inicien procesos de fusión, tal como apuntó ayer el propio presidente de la CECA; procesos que obedezcan a criterios de racionalidad económica, como puede ser el caso de la prevista entre la Caja de Castilla-La Mancha y Unicaja. Las cajas están sometidas al control del poder político y padecen una excesiva injerencia de las instituciones en sus órganos de administración y en sus decisiones. Pero ello no debería conducir al diseño de fusiones que respondan a coincidencias partidarias y a intereses de poder, sino a razones de complementariedad operativa y de eficiencia financiera. Además, es posible que la crisis abra un debate, que las cajas y sus instituciones fundadoras han rehuido hasta ahora, sobre el papel que deben jugar en la economía de hoy y del futuro, sobre sus criterios de actuación y sobre sus estructuras de poder. Un debate que si se frustra será porque las reformas normativas a las que podría conducir dependen de la voluntad política mayoritaria que en cada caso representan esas mismas instituciones.