¿Hipotecas sí o no?

El Ayuntamiento de Cádiz paga la hipoteca a ciudadanos en apuros. Con este titular abríamos nuestra edición del periódico el pasado viernes. Una noticia que ha generado numerosas reacciones, sobre todo entre los ciudadanos de a pie, que al fin y al cabo son los grandes afectados por una crisis económica que cada día les -nos- ahoga más. El debate está servido y opiniones hay para todos los gustos. En principio, la reacción natural y la más extendida es que se trata de una medida injusta (alguno la tacha incluso de electoralista). Si alguien decidió en su día embarcarse en una hipoteca y ahora tiene problemas para afrontarla, es su problema. Tener un techo digno es un derecho de todos los ciudadanos, lo que no está tan claro es si ese derecho incluye que el techo sea en propiedad. Un Ayuntamiento debe tener otras prioridades, sobre todo tras el agónico llamamiento que ha hecho esta misma semana Cáritas de Cádiz, pidiendo colaboración para poder atender la ingente demanda de ayuda que están recibiendo en los últimos meses. Ropa, comida, higiene personal, incluso las facturas del agua o de la luz parecen necesidades más urgentes que atender. Y seguro que lo son.

Sin embargo, el análisis en cuanto a las hipotecas debe ser más profundo. Los que se aferran a este argumento proponen que aquel que esté asfixiado por su banco, sólo tiene que vender el piso e irse de alquiler. Pero no es tan sencillo. Antes, quizá sí; actualmente, encontrar un comprador es una auténtica quimera. Sencillamente imposible, y los bancos, al tiempo que han cerrado el grifo de las concesiones de créditos, están apretando para asegurarse el cobro de los que ya tienen otorgados. Hace unos meses, el portal inmobiliario idealista.com publicó una práctica guía para conocer, paso a paso, qué ocurre cuando alguien deja de pagar sus cuotas mensuales. Y lo primero que dice ese informe es que cuando dejas de pagar no acaba el problema, sino todo lo contrario, comienza. Se desencadena todo un proceso de requerimientos, avisos y amenazas de embargo que finalmente concluye con la subasta de la casa. Pero el drama tampoco acaba aquí. Si en la subasta no se alcanza el precio de lo que se le debe al banco, la deuda no habrá concluido. Seguirán los embargos de la nómina o cualquier otro ingreso que se tenga. Pero, ¿y si ya no hay más ingresos? ¿Y si ni siquiera se está cobrando el paro?

El panorama es desalentador, aunque todavía puede haber quien piense que allá cada cual con las decisiones que ha tomado hasta verse arrastrado por la corriente de un problema en el que nadie le ha metido. Quien crea esto, corre el peligro de caer en la demagogia, porque si se empiezan a interpretar las situaciones, quién sabe dónde colocar el límite de lo personal y lo general. Lo que sí es cierto es que la coyuntura actual, la realidad del momento que nos está tocando vivir, no tiene absolutamente nada que ver con hace dos o incluso un año. Nadie, ni los analistas económicos más prestigiosos, supieron ver la que se nos venía encima. Y lo que es peor, nadie sabe cuánto durará. Quizá dentro de seis meses empecemos a remontar o quizá estemos al borde de graves revueltas sociales. Por eso, toda medida que sirva para paliar en algo la situación, debe ser bienvenida.

CADA UNO EN SU ROL

Del mismo modo que los gobiernos están en la obligación de buscar medidas globales que sirvan para salir de esta crisis galopante, los ayuntamientos deben mirar por el ciudadano de a pie. Y si hay un vecino que se va a ver abocado a quedarse en la calle por no pagar su hipoteca, habrá que estudiar su caso pormenorizadamente. Como se está haciendo. Habrá que buscar soluciones imaginativas. Quizá un préstamo a interés cero. Cualquier cosa que entre dentro de la legalidad y que no suponga un agravio comparativo con otros ciudadanos. Porque otro de los debates es si esta medida de pagar hipotecas de particulares con dinero público es legal. O ético. Ni siquiera los políticos se ponen de acuerdo. El País publicó un reportaje hace un par de días, con motivo de las elecciones vascas, en el que se planteaba a los candidatos si el Gobierno debe pagar o no las hipotecas. Como en todo, no hay consenso. Hay intereses políticos. Unos afirman tajantemente que sí. Otros con matices. Otros que de ninguna manera.

Confiemos en que por aquí, en lugar de discutir, actuemos. Y si al final todos nos tenemos que echar a la calle a romper escaparates, que al menos no sea porque nuestros dirigentes no pusieron todo lo que estaba de su parte para impedirlo.