El Poder Judicial busca un árbitro para los jueces

Uno de los informes técnicos encargados por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, sobre las dudas legales que plantea la huelga de jueces convocada para el 18 de febrero sostiene que éste órgano carece de cobertura legal para dilucidar tanto el carácter legal o ilegal del paro como fijar los servicios mínimos o los sanciones que podrían percibir los jueces que lo secunden.

El informe en cuestión fue elaborado por el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez, y concluye que ante este vacío legal corresponde al Tribunal Constitucional (TC) decidir si los jueces tienen derecho o no a la huelga. Señala que, a la espera de intervenciones legislativas que desarrollen el ejercicio de este derecho, «corresponde a los jueces, y en definitiva al Tribunal Constitucional, evaluar si hay razones que justifiquen la exclusión de un derecho fundamental».

Asimismo, advierte al Consejo de que, en virtud de la independencia judicial que tiene, su actuación «no puede ir más allá» de las decisiones para las que se encuentra facultado. En caso contrario, continúa, «nos situaría ante la más que probable nulidad radical».

Fuentes del Tribunal Constitucional salieron al paso ayer de esta previsión al señalar que no existe cauce legal para que el órgano de gobierno de los jueces le derive la responsabilidad de resolver si los jueces tienen o no derecho a la huelga.

Las conclusiones del informe del secretario general del Poder Judicial serán estudiadas, junto al resto de los estudios encargados por el juez Carlos Dívar, en el pleno extraordinario del próximo lunes, «el más importante de los últimos años» según fuentes de la institución.

La convocatoria del pleno responde a dos escritos que las asambleas de jueces de Las Palmas y Tarragona enviaron al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial, en los que se comunica la «decisión adoptada» de ir a la huelga y se establecen los servicios mínimos que se habrán de respetar el 18 de febrero si las autoridades correspondientes no lo hicieran.

El ministro Fernández Bermejo reiteró que su departamento carece de competencias, que corresponden al CGPJ.