Cauce institucional

La aceptación por parte de Esperanza Aguirre de que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para que indague sobre la veracidad y alcance de una supuesta trama de espionaje relacionada con el gobierno de dicha comunidad, junto al posterior anuncio de que el PP suspende las pesquisas encomendadas a María Dolores de Cospedal, conduce tan espinoso tema hacia el ámbito institucional que le es propio. Los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica deberán trabajar contrastando las informaciones que han circulado y aquellos datos que posean con el testimonio de los responsables del ejecutivo presidido por Aguirre y de las personas señaladas bien como víctimas bien como actores directos de una actividad detestable e ilícita. Con ello puede evitarse que el Partido Popular interiorice el asunto como si se tratara de una cuita interna cuando afecta a la credibilidad de las propias instituciones.

Pero también será imprescindible que la tarea de la comisión parlamentaria se centre en la obtención y evaluación de datos y declaraciones sin que la investigación encomendada acabe siendo suplantada por una diatriba pública entre acusaciones y negaciones sin otro fundamento que la pugna partidaria. Además, es necesario que los integrantes de la mencionada comisión y, en general, los miembros de la Asamblea de Madrid actúen con arreglo al papel que a cada poder corresponde en el Estado de Derecho, evitando interferir en los procedimientos que habilite la Justicia y teniendo en cuenta, en su caso, el contenido sumarial y la resolución definitiva que adopten los tribunales.