Indemnización final

a sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España a indemnizar con 170.000 euros a un militante de Batasuna herido en 1991 en una manifestación por el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía constituye un mandato difícilmente eludible para que el Estado ejecute el veredicto. La peripecia judicial y administrativa a la que ha dado lugar la denuncia de Mikel Iribarren, y la disparidad de resoluciones que ha provocado dejan constancia de la complejidad del caso, reconocida por el propio Tribunal Europeo que ha dado la razón al demandante por haber visto vulnerado su derecho a un juicio justo y por la insuficiente consideración recibida hacia las secuelas que sufre. Pero el reconocimiento que hace la sentencia del daño sufrido por Iribarren no debería redundar en un cuestionamiento de la respuesta policial, la cual quedó salvaguardada por el Supremo español en atención a los altercados que se produjeron con motivo de la marcha.