Una tradición peligrosa

Los oídos sensibles, los que gustan de meterse pronto en la cama en Fin de Año o los que simplemente no toleran el zumbido en los tímpanos constituyen los otros damnificados en la última noche del año, cuando el uso de petardos y de cualquier material pirotécnico al alcance del consumidor medio se multiplica con respecto a otras fechas del calendario, a excepción de Carnaval.

Desde hace años, el Servicio de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que es el encargado de la custodia del material pirotécnico que es requisado, viene aconsejando dosis de precaución a la hora de utilizar estos productos; ese mensaje, en especial, es enviado a los padres porque los menores constituye el sector con mayor demanda.

Cuando se acercan estas fiestas, la Guardia Civil intensifica la vigilancia para interceptar cualquier mercancía que va a ser distribuida de manera ilegal. La venta de estos productos fuera de los establecimientos autorizados se convierte en un pequeño negocio alternativo que algunos buscan para sacar un dinero extra. Pero esa alternativa entraña un considerable riesgo, además de contravenir el Reglamento de Explosivos y la Ley de Seguridad Ciudadana. En esta provincia se ha detectado una práctica al margen de la ley: la compra-venta de petardos, cohetes y otros artículos en viviendas particulares, donde es casi imposible caer en manos de la Guardia Civil o la Policía Local.

Estos vendedores clandestinos van almacenando productos semanas antes de la Navidad. Se aprovisionan en los dos únicos establecimientos con autorización que hay en la provincia -Me piro vampiro, en Chiclana y L y P Fiesta, en Trebujena-. Cuando tienen suficiente material, van respondiendo a la demanda de los consumidores y para no levantar sospechas, los distribuyen desde sus propios domicilios.

A ese circuito, probablemente, iba destinado el cargamento de más de 200 productos pirotécnicos que fue encontrado en el maletero de un coche, en El Puerto. Esta actuación de la patrulla fiscal se desarrolló el pasado 12 de noviembre, un mes y medio antes de la Navidad. Los agentes identificaron a tres personas que se encontraban con un vehículo en la playa de la Puntilla. La intuición de los agentes permitió descubrir una mercancía compuesta por 268 artefactos; todos ellos de la clase III, la que presenta una carga mayor dentro de los artículos que están al alcance de cualquier consumidor, sea o no profesional.

Fuentes del Instituto Armado explicaron que esa incautación había eliminado un considerable riesgo, porque el propietario de los petardos había incumplido también las normas de transporte. Cualquier accidente podría haber tenido dramáticas consecuencias.

Este año, las incautaciones -que en muchos casos las hace también la Policía Local cuando sorprende a menores en la calle- se mantienen en los mismos niveles que en años anteriores, salvo en el caso de Jerez, donde se ha dictado un bando que prohíbe el uso indiscriminado de este material durante la Navidad. Y es que la distribución ilegal en viviendas es difícil de atajar; sólo una autorización judicial permite acceder a un domicilio.

Además de las molestias que sufren los vecinos en sus oidos, la pirotecnia puede tener un uso más perverso. Hay adolescentes que los hacen estallar para causar daños en el mobiliario urbano o en vehículos estacionados, que amanecen con retrovisores rotos por la detonación de estos artefactos. Pero, sin duda, estos productos pueden tener una consecuencia aún más grave. Un ejemplo de ello es la jerezana Rocío Vázquez, quien perdió un ojo la pasada Nochevieja.

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