El presidente del Poder Judicial rehúsa someter al Congreso la sanción a Tirado

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre la política disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, pero no tiene previsto informar sobre la polémica -por su levedad- sanción impuesta al juez del caso Mari Luz. Así lo confirmó ayer la vocal portavoz del consejo, Gabriela Bravo, que señaló que «va a ser muy difícil» que el máximo responsable de la institución entre a discutir con los diputados la multa de 1.500 euros impuesta al magistrado Rafael Tirado por su doble condición de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, órgano judicial que debe resolver los recursos que se anuncian.

La portavoz Bravo considera que esta circunstancia plantea «dudas legales» sobre si Dívar puede informar sobre la polémica resolución adoptada por el consejo el pasado martes. Recordó que la petición para que comparezca en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja es para debatir una sanción de carácter gubernamental y administrativo «que no es firme». Y, en segundo término, porque esta resolución va ser revisada y puede ser modificada por el Supremo, órgano presidio por Dívar, tras el recurso planteado por la Fiscalía, por lo que podría incurrir en incompatibilidades.

«Por propio respeto a las decisiones judiciales e impedir contaminaciones, habría que esperar» a la sentencia del alto tribunal, afirmó la portavoz del CGPJ, que no se mostró sorprendida por la petición de comparecencia de Dívar ya que, dijo, estaba prevista de antemano para febrero próximo. Sin embargo, sí dijo estar extrañada de que vaya a ser citado «para dar explicaciones sobre una resolución que aún tiene camino legal por delante», confesó.

Todos los caminos

Bravo quiso ser prudente ante las duras declaraciones del Grupo Parlamentario Socialista. El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, señaló el jueves que el CGPJ ha dado «una imagen penosa de debilidad y corporativismo que ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido». La portavoz se limitó a transmitir su respeto al «total desacuerdo» que expresó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la resolución del caso. Zapatero reveló que habló por teléfono con Juan José Cortes, padres de la niña Mari Luz, nada más conocer la decisión adoptada por el CGPJ. Dijo que su testimonio fue «ejemplar» y representó el sentir de la ciudadanía cuando señaló que la resolución había sido una «vergüenza nacional». El presidente adelantó que su Gobierno «estudiará todos los caminos legales posibles» ante esta sanción y «para ello tenemos que hacer las reformas necesarias», en alusión al endurecimiento del régimen disciplinario de los jueces, que exige la mayoría parlamentaria.

El mensaje de Bravo se produjo horas después de que el PSOE, apoyado por el PP, presentase en el Congreso la solicitud para que Carlos Dívar explique «lo antes posible» la política disciplinaria del servicio de Inspección del CGPJ, la cual enmarca la multa impuesta al juez del caso Mari Luz.