Vuelos sin ley

Las explicaciones ofrecidas ayer en el Congreso por el ministro de Exteriores, en torno a los vuelos de la CIA que habrían hecho escala en España o cruzado su espacio aéreo con supuestos terroristas detenidos sin garantías legales, anticipan un más que probable cierre de las hostilidades entre el Gobierno y el PP sobre un asunto que podría comprometer, aunque fuera con distinta gravedad, tanto el mandato de José María Aznar como el de José Luis Rodríguez Zapatero. A ese apaciguamiento apuntan los argumentos esgrimidos por Moratinos, quien confirmó que Aznar autorizó en 2002 el aterrizaje en caso de avería o emergencia de aviones militares estadounidenses con destino a Guantánamo, al tiempo que, por una parte, justificaba esa decisión en el marco de la Operación Libertad Duradera desarrollada en Afganistán tras los atentados del 11-S con el aval de la ONU y de la OTAN; y, por otra, aseguraba que ni uno solo de los vuelos llegó a utilizar las bases españolas con prisioneros a bordo. La exculpación por parte del actual Gobierno de la actuación de quienes le precedieron en el poder no sólo afecta al comportamiento de éstos, sino que también se proyecta sobre el comportamiento del actual Ejecutivo, al que un sector de la oposición atribuye cuando menos desidia en la investigación de los hechos denunciados.

Aunque la salvaguarda sobre la legalidad con que se habría conducido el Gobierno español en su apoyo a la lucha contra el terrorismo global emprendida por EE UU viene a zanjar la controversia en su vertiente política, ello no puede obviar el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional tanto para esclarecer si vuelos ilegales hicieron escala en suelo español, como la eventual destrucción de documentos secretos sobre los mismos. Las investigaciones judiciales establecerán si su resultado coincide en lo sustancial con las explicaciones formuladas ayer por el Gobierno, justamente en el día en que se conmemoraba el 60ª aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Pero ni el desconocimiento sobre la naturaleza de esos desplazamiento aéreos ni el compromiso en las relaciones diplomáticas con EE UU han de orillar una revisión crítica de unas vulneraciones acreditadas de la legalidad más elemental; y tampoco tratar de difuminar bajo las alusiones referidas a los vuelos militares las sospechas que pesan sobre aquellos otros de carácter civil que habrían tenido también como destino el limbo jurídico de Guantánamo.