Consenso duradero

Hace tres décadas, la Constitución tenía ante sí dos retos principales. Por un lado, fijar las bases duraderas de un sistema democrático que respondiera fielmente a las demandas de una ciudadanía cada día más consciente de sus derechos y más dispuesta a hacer efectivas sus aspiraciones. Por el otro, dotar a España de un modelo de organización territorial que permitiera sortear viejas tensiones y extraer de una descentralización sin precedentes ventajas en la gestión de los intereses comunes. Treinta años después, ni la suma de todas las imperfecciones o deficiencias que pudieran señalarse en la Carta Magna podría ensombrecer el acierto histórico que representa.

El cauce de libertad que inauguró fue haciéndose cada vez más ancho y profundo a través de la propia vivencia democrática. Así lo atestiguan las leyes básicas que no sólo han ido desarrollando la democracia política y los derechos civiles y sociales. El marco constitucional también ha propiciado la asunción como derechos de las nuevas demandas e inquietudes surgidas de una sociedad en permanente cambio; la universalización del derecho a la educación y a la sanidad fue la consecuencia lógica del mandato constitucional.

Es cierto que el proceso autonómico no ha conseguido cerrarse todavía. Sin embargo, se encuentra suficientemente encauzado como para que deba ser motivo de graves preocupaciones. Si acaso con la salvedad de lo paradójico que resulta que un modelo ideado especialmente para integrar a los nacionalismos periféricos en el consenso constitucional tenga entre éstos a sus detractores más tenaces. La generalización de la autonomía ha podido dar lugar a disfunciones y excesos, pero por encima de todo ha contribuido a que la España de hoy sea más equilibrada e igualitaria.



Realidad viva

La Carta Magna es una realidad viva que se actualiza a través de las normas y de su aplicación, susceptible de ser revisada siempre con la salvaguarda constitucional de que esas eventuales reformas parciales cuenten cuando menos con un consenso análogo al que propició su aprobación. La disposición favorable mostrada por la opinión pública a dichas reformas es también reflejo de la confianza que la vigencia constitucional brinda a la ciudadanía. La igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de la Jefatura del Estado o el derecho a sufragio de los extranjeros pueden constituir algunos de los cambios menos controvertibles. Pero sería conveniente que ni la defensa de la Constitución ni la pugna partidaria acaben eludiendo la necesaria reflexión sobre el papel y la composición de determinados órganos del Estado, sobre el sistema bicameral, e incluso sobre los límites que la Carta Magna fija para el desarrollo de la España autonómica. Ello a pesar de que en Euskadi y en menor medida en Cataluña persistan proyectos cuyo objetivo es precisamente desbordar el marco constitucional o alcanzar un estatus privativo y ajeno a él. Cuestiones todas ellas que requerirían del normal funcionamiento del Tribunal Constitucional como intérprete imprescindible de su contenido final.

La Constitución se promulgó cuando el país intentaba salir de una crisis internacional que evidenció la urgencia de la reconversión de nuestro tejido productivo, la necesidad de infraestructuras que pudieran contribuir a una mayor competitividad y la ineludible edificación de un sistema de prestaciones y servicios que hiciera realidad los fundamentos sociales de la propia Carta Magna. Hoy la incertidumbre económica y la inquietud ciudadana pueden ser análogas a las que se vivieron entonces. Pero los españoles contamos precisamente con 30 años de Constitución como soporte inestimable también para afrontar las dificultades de la recesión, garantizar el funcionamiento armónico de las instituciones, encauzar las tensiones sociales hacia el diálogo y hacer en suma realidad el mandato de consenso que lleva implícita una crisis tan grave.