El Ejecutivo planea reformas para que miembros de un partido ilegalizado no puedan gobernar

El asesinato de Inaxio Uria ha reabierto la polémica sobre los ayuntamientos gobernados por ANV en Euskadi y Navarra. Opiniones a favor y en contra de su disolución se han sucedido en las últimas horas, aunque la noticia la ha dado seguidamente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien tras el Consejo de Ministros ha anunciado que el Ejecutivo va a promover las reformas legales que sean necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada, como ANV, pueda gobernar consistorios.

La vicepresidenta ha explicado que las reformas que se hagan se acometerán con el máximo consenso de las fuerzas parlamentarias, y ha garantizado que el Gobierno "va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley".

La vicepresidenta ha garantizado que los asesinos de Uria acabarán en la cárcel y ha advertido a "quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio", de que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego.

En ese sentido, la vicepresidenta ha informado de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado. Ha precisado que se está analizando la ley de régimen local y ha explicado que se trata de un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hacen muy complicado proceder a esa disolución en estos casos.

En concreto, ha recordado que la ley determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves que tienen que estar acreditadas de forma probada.

Por lo tanto, otra vía

Como de acuerdo a la jurisprudencia del Constitucional la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, se trata, según la vicepresidenta, de buscar vías que impidan que los representantes de esas formaciones puedan gobernar las corporaciones.

Fernández de la Vega ha explicado que esa tarea se hará "como siempre, con el máximo consenso de las fuerzas políticas parlamentarias" y siendo "muy escrupulosos en el cumplimiento de las leyes. Tan escrupulosos como tenaces, y decididos a que nadie pueda burlar la ley amparándose precisamente en ella", ha añadido.

La vicepresidenta ha trasladado un mensaje de apoyo, cariño y solidaridad a la familia, a los amigos y a los compañeros de Uria, "un hombre libre -ha dicho- que ha sido asesinado por serlo".

Llamamientos de CEOE, PP y UPyD

Esta declaración gubernamental de intenciones viene a dar respuesta, por ejemplo, a las palabras de la secretaria general del principal partido de la oposición, María Dolores de Cospedal, quien había reiterado que la sintonía entre su partido y el Gobierno en materia antiterrorista "no puede ser completa" mientras el Ejecutivo no se asegure de que ANV deje de estar en los ayuntamientos e instituciones, y ha subrayado que el Gobierno debe utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para lograr ese objetivo, "como en su día se hizo".

No ha sido el PP el único: el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido a los grupos políticos firmantes del documento contra ETA que se comprometan a desalojar a ANV de los ayuntamientos que gobierna. Así lo han confirmado distintas fuentes asistentes a esta reunión que los grupos parlamentarios, junto a los sindicatos y la patronal, han celebrado para rechazar unánimemente el atentado que ayer costó la vida del empresario vasco Inaxio Uria.

La petición del dirigente de la CEOE, explicada luego por él a los periodistas, ha suscitado la reacción de algunos portavoces, entre ellos el de IU, Gaspar Llamazares, que ha señalado que compartía el objetivo, pero no el "método", y el del PSOE, José Antonio Alonso, para quien no es el momento de plantear dicha cuestión.

La portavoz del PP en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido la palabra para constatar que su partido apoya el propósito. De hecho, aunque la diputada no lo ha anunciado en la reunión, según las fuentes consultadas los populares han registrado hoy mismo en el Congreso una iniciativa para la disolución de los ayuntamientos que gobierna ANV.

Antes de que acabara el cónclave también se ha manifestado la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien se ha expresado en "total acuerdo" con la petición del presidente de la CEOE.

No pueden perder su financiación

Hay otra posibilidad apuntada, a la que ha dado respuesta la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien ha afirmado en relación a la propuesta del PP de que los ayuntamientos gobernados por ANV, como el azpeitiarra, no gestionen ni un euro de las ayudas ofrecidas por el Gobierno, que "los ciudadanos de Azpeitia tienen el mismo derecho a beneficiarse de estos fondos".

En una entrevista en Los desayunos de TVE, Salgado ha hecho hincapié en que "lo que tendríamos que buscar que no sean estos gestores los que gestionen estos fondos". La titular de Administraciones Públicas ha comentado que, de momento, en la redacción del decreto ley "no hemos encontrado una base legal que nos permita una actuación distinta. Vamos a intentar seguir buscándola", afirma.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha recordado que el Ministerio de Administraciones Públicas es el que tiene las facultades de "aprobación, gestión y supervisión" de los proyectos que presenten los ayuntamientos. "No va a haber ningún problema, vamos a esperar a conocer qué ayuntamientos presentan peticiones y utilizaremos todos los mecanismos y garantías para que la finalidad de la ley, que es la creación de empleo, se vea claramente respetada", ha garantizado.