El Ayuntamiento tumba la propuesta de conservar la gestión de la empresa del agua

La posible privatización de la empresa municipal de agua, Apemsa, sigue siendo una incógnita, lo que no evita que siga envuelta en polémica. Muestra de esta incertidumbre fue la presencia de los trabajadores de la entidad en el salón de Plenos para mostrar su total rechazo a la posible retirada del Ayuntamiento del control de la empresa. IP exigió al equipo de Gobierno que «mantenga la actual situación de la empresa en términos accionariales y de gestión», pero el portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Candón, le contestó con una rotunda negativa.

Hay que recordar que fue IP quien advirtió de las intenciones del equipo de Gobierno de privatizar la empresa, algo que el alcalde, Enrique Moresco, desmintió aunque días después admitió que se estaban «estudiando ofertas» de diversas empresas interesadas en invertir capital en la entidad.

La situación ha llegado a tal punto que ayer el socio del equipo de Gobierno, el andalucista Antonio Jesús Ruiz, se desmarcó del resto de sus compañeros y se abstuvo en la votación de la propuesta de IP, que fue rechaza por el resto de concejales en el poder. A pesar de ello, el punto no salió adelante por los votos en contra del PP (diez ya que el alcalde, Enrique Moresco, estaba en Madrid) y el edil no adscrito, Fernando Gago, y los afirmativos de la oposición en bloque, que contaba con cuatro bajas (ocho votos).

Así, el equipo de Gobierno seguirá con sus intenciones de «estudiar todas las ofertas de las empresas interesadas en Apemsa, y lo que se tenga que hacer, se hará», según apuntó Candón, que afirmó que, «a día de hoy no se ha vendido nada».

Esta explicación provocó la ira del portavoz de IP, Juan Gómez, que advirtió de los perjuicios que la privatización supondrá para los ciudadanos: «Empeoramiento de los servicios y aumento de las tarifas».

Investigación

Tampoco salió adelante la propuesta conjunta de la oposición, en la que solicitaba la creación de una Comisión de Investigación para clarificar las actuaciones seguidas en el convenio urbanístico suscrito por la Empresa Municipal Impulsa El Puerto con cuatro entidades mercantiles para construir el polígono Salinas Norte.

La oposición lo calificó de «pelotazo urbanístico»; además, recordó las parcelas vacías que aún existen en «el polígono fantasma de Las Salinas» y destacó que el espacio elegido «no es el adecuado por su cercanía con la riqueza arqueológica de Doña Blanca».

Hay que recordar que Impulsa adquirirá parte de los terrenos de Salinas Norte a través de un convenio con entidades privadas propietarias de los mismos. Impulsa recibe este suelo en bruto y rústico con el compromiso de desarrollarlo y entregar a las entidades, como pago, una superficie neta urbanizada de 242.131 metros cuadrados. El coste que tendrá para Impulsa estos trabajos de urbanización se estiman entre 12 y 14 millones de euros. En contraprestación, Impulsa se quedará con 363.197 metros cuadrados de suelo industrial ,con cuya explotación se espera conseguir unos beneficios de entre 25 y 35 millones de euros.

Pero para la oposición esto supone «un pelotazo urbanístico», ya que a través del convenio los suelos pasan de rústico a industrial con el consiguiente beneficio que para los propietarios supone. La alcaldesa accidental, Patricia Ybarra, dejó claro que «todo es legal y transparente», por lo que el equipo de Gobierno votó en contra de realizar una investigación «para no sembrar dudas».