La Audiencia Nacional decide investigar la colaboración entre ETA y las FARC Documentos intervenidos a 'Mikel Antza' confirman los contactos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido investigar la colaboración entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante los últimos quince años. El magistrado ha pedido informes a los servicios antiterroristas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil sobre las reuniones en las que se fraguó esa ayuda mutua, los entrenamientos conjuntos de terroristas en la selva amazónica y los planes de las FARC de atentar contra autoridades colombianas en Madrid con la ayuda de etarras.

El juez Velasco, que ha declarado secreta la investigación, cree que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos porque se trata de delitos (pertenencia o colaboración con banda armada y conspiración para cometer asesinato terrorista) que habrían cometido españoles en el extranjero. Las pesquisas se extenderán desde 1993 hasta 2007, el período en el que, según la Fiscalía, hubo contactos entre ambas organizaciones terroristas. El magistrado ha pedido a las fuerzas de Seguridad que confirmen la participación de, al menos, ocho etarras en cursillos terroristas y en reuniones de coordinación en las selvas colombianas.

Se trata de Iñaki Domínguez Atxalandaburo y un etarra conocido como Martín Capa, que habrían sido profesores en cursos de explosivos; de José Ignacio Etxarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán, que habrían recibido clases sobre manejo de bombas; y de otros tres activistas vascos apodados Enrique, Ángel y Teo, que también pasaron por los campamentos de adiestramiento de las FARC. Según la Fiscalía, estos cursos, que duraron 20 días, fueron impartidos por los etarras en agosto del pasado año y en ellos se dieron «sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del explosivo C-4», similar al utilizado para volar la T-4, y sobre la utilización de «teléfonos móviles como mecanismos de iniciación de cargas explosivas». Incluso se habló de la posibilidad de hacer adiestramientos conjuntos «sobre el manejo de misiles tierra-aire».

Según el fiscal Vicente González Mota, a principios y en verano de 2003 cuatro etarras viajaron a dos campamentos donde recibieron formación para manejar explosivos.

Fue entonces cuando se «decidió el establecimiento de relaciones oficiales entre ambas organizaciones y el intercambio sobre procedimientos terroristas». Esos encuentros de 2003 son claves para el fiscal, que sostiene que en estas reuniones se fraguó la supuesta colaboración entre ETA y las FARC para atentar en España contra un alto cargo colombiano en visita oficial.

25 textos

La Fiscalía ha aportado 25 textos referentes a ETA encontrados en tres ordenadores, en dos discos duros y dispositivos USB incautados por el ejército colombiano al número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, más conocido como Raúl Reyes, muerto el pasado 1 de marzo después un bombardeo de la Fuerza Aérea. Estos mensajes (desde 1999 a 2004) desvelan que ETA se dirigió por primera vez a las FARC en noviembre de 1999 para pedir el «establecimiento de relaciones oficiales de cara a una colaboración política y técnica», que las FARC temían que su relación con los terroristas vascos les provocara «daño político» y que los colombianos despreciaban a los etarras porque tenía menos «experiencia» que ellos.

Sin embargo, y a pesar de la desconfianza, el líder de las FARC revela en sus misivas la petición de ayuda a los «compañeros de Euskal Herria» para estudiar atentar en Madrid contra el ex presidente Andrés Pastrana, la ex embajadora Noemí Sanín, el ex candidato presidencial Antanas Mockus, el ex vicepresidente Francisco Santos y «otros cargos políticos y militares».

Las FARC habían enviado en marzo y septiembre de 2000 a un terrorista, Víctor Vargas, para estudiar un posible atentado contra el entonces presidente colombiano. Vargas informó a sus superiores a su vuelta que «no sería difícil atentar siempre que se contase con la colaboración de ETA». La investigación abierta por el juez Eloy Velasco se basa, sobre todo, en el contenido de los documentos incautados por el Ejército colombiano a las FARC. Pero el magistrado también cuenta con papeles decomisados a ETA que confirman algunos de los encuentros que relatan los dirigentes terroristas colombianos.

Son los archivos que tenía en su poder el que fuera jefe del aparato político Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, capturado en Francia en 2004, en compañía de su lugarteniente Soledad Iparraguirre, Anboto. Entre esos papeles descubiertos por las fuerzas antiterroristas galas, y que están en poder de la policía española, estaban las actas de, al menos, tres de las reuniones de 2003 en las que participaron dos terroristas de ETA, que estuvieron en la selva.

En esos encuentros, según la documentación de Mikel Antza, etarras cuyos nombres no se especifican, pero a los que se califica de interlocutores oficiales, se reunieron con dos de los máximos dirigentes de las FARC, miembros del Secretariado General de la guerrilla. Las FARC, siempre según esos documentos, se ofrecieron a acoger en sus campamentos a liberados de ETA y enseñaron a los etarras a utilizar móviles para activar bombas y cómo usar pintura anticorrosiva en lugar de polvo de aluminio para fabricar amonal. A cambio, los colombianos pidieron misiles antiaéreos, médicos para sus campamentos y lecciones de cómo construir zulos.

Según los datos aportados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, hay más pruebas de las relaciones entre ETA y las FARC. Por ejemplo, está acreditado que en 1993 el fallecido Jokin Gorostidi, que se encontraba exiliado en Cuba, se entrevistó con un comandante de la organización colombiana.