La Junta quiere derribar los quioscos de La Caleta y de Varela

Sigue la guerra política y urbanística entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. El golpe lo ha dado esta vez la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Consistorio en la polémica sobre los quioscos-bar. La Administración regional no ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el municipio y llevará a los tribunales los establecimientos de La Caleta y Varela (el primero a punto de abrir y el segundo con dos semanas de actividad ya). Si persiste el enfrentamiento, todo podría terminar con el derribo de ambos.

El equipo de Gobierno local proyectó hace más de un año la construcción de estos dos establecimientos convocando un concurso que ganaron -cumpliendo el pliego de condiciones- la empresa Sabor a Cádiz (quiosco de La Caleta) y Ana Martín (restaurante de los antiguos Cuarteles de Varela). En ambos casos se aprobó la licencia de obra para su construcción y se concedió la posterior licencia de apertura.

Sin cumplir la norma

Ahora, la Consejería de Vivienda ha impugnado estas licencias de obra basándose en que dichas instalaciones incumplen las condiciones impuestas en el Plan General Urbano, «al ubicarse en lugares dedicados a espacios libres y zonas verdes». En estas zonas sólo se admite «la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados, destinados a proteger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de esparcimientos, así como construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados y actividades similares sujetas a una serie de condiciones».

Según el PGOU vigente del año 1995, para poder levantar estos quioscos, su estructura «debe ser desmontable y estar construida acordes con el carácter del espacio en el que ubican». (El armazón de La Caleta recuerda a un barco y está emplazado en la avenida Duque de Nájera, en la confluencia con el paseo Antonio Burgos, que accede al Castillo de Santa Catalina. El restaurante de Varela es un esqueleto de cristales ubicado en una parque infantil).

El Plan General también determina que estos establecimientos deben tener una superficie construida de 20 metros cuadrados (cuando en un parque, jardín o espacio libre se localicen varias de estas construcciones provisionales, su superficie construida no rebasará los 60 metros cuadrados en su conjunto).

El quiosco de Varela supera esa superficie construida. Sin embargo, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha defendido siempre que el bar de La Caleta supera los 70 metros cuadrados, pero sólo con 20 metros cuadrados de superficie construida. La última condición es que la altura no debe rebasar los cuatro metros y medio.

Según la Consejería de Vivienda, «estas circunstancias no concurren en los dos establecimientos, pues el de La Caleta tiene cerca de 100 metros cuadrados y el restaurante de Varela más de 200 metros cuadrados; superan la altura máxima prevista, no son provisionales ni fácilmente desmontables y, sobre todo, tienen un uso terciario o comercial no admitido dentro de la consideración de equipamiento dotacional ligado a actividades de ocio o relación».

Estas irregularidades fueron verificadas por técnicos de la Consejería que se personaron en agosto en los dos establecimientos. Si la justicia diese la razón a las tesis de la Consejería, la polémica terminaría con el derribo de los dos edificios.

Licencias nulas

La Junta de Andalucía ha considerado, mientras tanto, que los acuerdos tomados por el equipo de Gobierno local son contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico «y resultan nulas de pleno derecho las licencias, ya que sólo pueden otorgarse cuando reúnen las condiciones fijadas por la norma para la actividad solicitada, además de que por el principio de vinculación positiva, la Administración sólo puede hacer aquello para lo que se encuentra legalmente habilitada».

Por otra parte, «además de que ambas licencias son contrarias al ordenamiento urbanístico, resultan también afectadas de nulidad porque la Loua -la Ley 7/2002 de 17 de diciembre- atribuye tal consideración a las licencias que se otorguen para amparar actuaciones que se encuentran localizadas en áreas destinadas a parques, jardines y espacios libres», alegan desde la Consejería.

El Ayuntamiento de Cádiz, que ayer no entró a analizar la noticia, deberá responder a la Junta de Andalucía y demostrar que ambos proyectos cumplen el Plan General de Ordenación Urbana.

A todo esto, la propietaria del restaurante de Varela, Ana Martín, comentó que «el conflicto surgido con los quioscos es político, y no lo consigo entender». Y añadió: «Ellos son los que deben arreglarlo, aunque yo estoy en medio».

Martín insiste en que «yo tengo una concesión administrativa después de ganar un concurso que tenía un pliego de condiciones, el cual cumplí. En este caso me ampara la Ley, por lo que espero que no me afecte los enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Junta: He invertido mucho en este restaurante».

mhuguet@lavozdigital.es