Los ministros y secretarios de Estados tienen que hacer público su patrimonio antes de cuatro meses

El Congreso ha acordado unánimemente instar al Gobierno a aprobar antes de cuatro meses el Reglamento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, que obliga a publicar en el BOE el patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. La propuesta, que partió del diputado de ICV Joan Herrera, supone que los socialistas admiten cumplir, con dos años de retraso, con un precepto al que el Gobierno estaba obligado desde 2006, puesto que la ley de incompatibilidades aprobada en marzo de ese año fijó un máximo de cuatro meses de plazo para aprobar su desarrollo reglamentario.

Joan Herrera había presentado una moción que defendió la semana pasada ante la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado; en el texto, exigía el reglamento para antes de tres meses. El grupo socialista ofreció a Herrera ampliar el plazo de tres a cuatro meses, y finalmente el pleno ha votado estos términos de la moción, que insta al Ejecutivo a aprobar las normas que permitan dar "cumplimiento íntegro" a la norma, incluida la publicación en el BOE del patrimonio de los ministros y los secretarios de Estado.

Herrera ha denunciado la falta de "voluntad política" del Gobierno para aplicarla, puesto que el antecesor de Salgado, Jordi Sevilla, sí redactó un reglamento que todavía duerme, ha dicho, "en un cajón". El portavoz de ICV, que conforma grupo parlamentario con ERC e IU, ha advertido a la ministra de que tendrá que cumplir el mandato de la Cámara y ha insistido en que el desarrollo de la ley dará más transparencia a la actividad política.

En nombre del PP, el diputado Rafael Merino ha anunciado que su grupo suscribe íntegramente el discurso de Herrera, algo que a su juicio prueba la "ineficacia" y "maldad política" del Gobierno. Merino se ha preguntado por qué los socialistas aprueban leyes "a bombo y platillo" para incumplirlas y ha tachado de "desfachatez" que hoy admitan un nuevo plazo de cuatro meses para el reglamento de incompatibilidades cuando no lo han hecho en dos años.

CiU cambia de opinión

Por parte del PNV, el diputado Emilio Olabarria ha dejado claro que el Gobierno ha incumplido la obligación legal establecida en 2006 por las Cortes y ha revelado las "severas dudas" que tiene sobre el respeto a la ley en vigor por parte de miembros del Gobierno, que eludió mencionar con nombres y apellidos. Mientras que Jordi Jané, del grupo de CiU, que en 2006 votó en contra de la ley, ha anunciado sin embargo un voto a favor de la moción, pero ha expresado su escepticismo respecto a la eficacia que para el fin que pretende la norma pueda tener la difusión del patrimonio de los miembros del Gobierno en una especie de "ránking". Así, ha advertido del riesgo de "criminalización" que se corre en función de los datos que aparezcan en el cómputo patrimonial.

La posición del PSOE ha sido defendida por Meritxell Batet, quien, al margen del retraso en el reglamento, ha remarcado que este grupo parlamentario siempre ha llevado la iniciativa en esta materia y ha asegurado que lo seguirá haciendo, frente a las interpretaciones "laxas" que de la norma hacían los gobiernos del Partido Popular. Además, ha puntualizado al PP que quien ahora no cumple las leyes son las comunidades autónomas gobernadas por este partido y ha dicho que aunque no se haya aprobado el reglamento, la ley, que pretende "mejorar la calidad democrática y la transparencia", se cumple, y dudarlo es "irresponsable".