Intervención argentina
LLa intervención de Aerolíneas Argentinas por parte de la Justicia del país austral, realizada a petición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, imprime un inquietante giro a las turbulentas negociaciones sobre el futuro de la compañía entabladas por el Ejecutivo y el grupo español Marsans, que controla la misma. La judicialización del proceso de conversaciones se ha producido justo después del ultimátum de una semana dado por Marsans a las autoridades locales para intentar cerrar un acuerdo amistoso, bajo la advertencia de que, en caso contrario, solicitará una indemnización a través de un organismo dependiente del Banco Mundial. Esta secuencia de acontecimientos y el hecho insólito de que el secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, se personara en la sede de la aerolínea para notificar la iniciativa judicial adoptada proyectan la determinación del Gobierno de Buenos Aires de intentar impedir cualquier movimiento de la firma española sobre la compañía que mayoritariamente aún le pertenece, mientras el Legislativo ultima el proyecto para expropiarla. Con independencia de su resultado, la combinación de ambas decisiones representa un gesto de fuerza por parte del Gobierno argentino que aboca a la indefensión a sus interlocutores.
Actualizado: GuardarLa negativa de Buenos Aires a abonar cantidad alguna por una compañía que cree ruinosa, la amenaza de expropiación y intervención judicial reafirman la intención del Gobierno de Fernández de Kirchner de avanzar en el proceso de nacionalizaciones que ya ha afectado a los fondos de pensiones. Pero junto a ello, estas últimas decisiones siguen la pauta marcada por otros Ejecutivos, como los de Venezuela o Ecuador, que también han recurrido a presiones difícilmente asumibles para condicionar a su favor las negociaciones abiertas, en el primer caso, con el Banco Santander para la adquisición de su filial en el país y, en el segundo, con Repsol sobre las explotaciones de las reservas energéticas. El Gobierno español ha reaccionado a estos movimientos intervencionistas tratando de amparar con la acción diplomática los intereses de las empresas concernidas. Pero la creciente inseguridad jurídica en que se encuentran las mismas ante la radicalizada deriva de parte de los gobiernos del Cono Sur debe ser respondida con una defensa más explícita de unas inversiones legítimas, que tratan de presentarse reiteradamente como contrarias al bienestar de las sociedades en las que se implantan.
