EXPECTACIÓN. Iñaki de Juana, a la entrada del tribunal de Belfast. / EFE
ESPAÑA

De Juana no podrá salir de Irlanda del Norte mientras se ve su extradición

Queda en libertad provisional y con su libertad de movimientos limitada tras pagar 5.000 libras

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El ex jefe del sanguinario 'comando Madrid' de ETA Iñaki de Juana, de 53 años, entregó ayer su carné de identidad y cinco mil libras esterlinas (unos 5.900 euros) para quedar en libertad provisional mientras el juez Thomas Burgess se pone en contacto con Eloy Velasco -el juez español que quiere interrogar a De Juana por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo- para aclarar algunas dudas sobre la petición para que se le extradite a España.

De Juana, que rechazó el regreso voluntario, no podrá salir de Irlanda del Norte mientras avanza el proceso judicial de la extradición. Tendrá que permanecer en el interior de su domicilio de ocho de la tarde a siete de la mañana, presentarse todos los días en una comisaría y acudir a la puerta de la nueva vivienda que compartirá con su esposa, Irati Aranzabal, siempre que la Policía vaya al domicilio para preguntar por él. Si quiebra alguna de esas condiciones, podría ingresar en prisión.

El ex preso de ETA, que salió de la cárcel el pasado agosto y al que el juez Velasco investiga como posible autor de un escrito delictivo leído en un acto que se organizó para celebrar su puesta en libertad, acudió a los tribunales de la Corona, en Belfast, ciudad donde reside desde hace cincuenta días. Tras ser conducido a una comisaría próxima y arrestado en cumplimiento de la euro-orden dictada por el juez Velasco, De Juana asistió a una vista con tres recesos desde el banquillo de los acusados.

El primero en intervenir fue el abogado que representa a la Justicia española, Stephen Ritchie, que pidió la extradición de De Juana por un delito que, en la ley británica, equivaldría al de glorificación del terrorismo. La vista terminó con el juez Burgess comprometiéndose a retomar el asunto cuando haya aclarado con su colega Eloy Velasco de qué se acusa exactamente a De Juana y si una euro-orden faculta para detener a una persona que aún no está formalmente acusada de haber cometido un delito.

Vivienda matrimonial

En el transcurso de la vista, la sala fue informada de que De Juana ha vivido hasta ahora en la casa de un amigo y que tiene intención de fijar su residencia en Irlanda del Norte. Ya se ha registrado en la Seguridad Social y se ha matriculado en un curso de inglés básico, que comenzó en septiembre y terminará en febrero. Otro amigo le ha ofrecido una casa para que pueda vivir con su esposa, ya que en la anterior no les era posible vivir juntos.

El juez pidió a la Policía que comprobase que todo eso era cierto antes de conceder la libertad provisional, porque el fiscal se quejaba de que nadie sabía hasta ayer dónde vivía De Juana, ni se le conocen raíces en la región. En este sentido, el Ministerio público considera que existe un riesgo de que el detenido huya de la Justicia si el proceso de extradición sigue un curso desfavorable a sus intereses. La Policía fue a la casa para comprobar lo que se decía.

El tribunal de Belfast oyó entonces que a la pareja De Juana les ha cedido gratuitamente una casa vacía la agencia inmobiliaria que la vende en Belfast Oeste, un bastión del Sinn Fein-IRA. Que los policías fueron recibidos allí por una mujer joven que dijo ser la esposa de De Juana, aunque no tenía certificado alguno ni anillo, que Irati Aranzabal les mostró la cama matrimonial en el primer piso, aunque, cuando fueron al segundo, allí estaban las cosas de De Juana en bolsas. El juez detuvo allí mismo la narración del fiscal al entender que estaba yendo más lejos de lo necesario.

La primera jornada del proceso mostró que el juez Burgess tiene serias dudas sobre el caso -«ya he hecho yo su trabajo», dijo al abogado de De Juana, Sean Devine, cuando le dio la venia en un momento- y que esa percepción dio confianza de la defensa, que pidió el rechazo inmediato de la euro-orden y la libertad de De Juana, que el magistrado rechazó.

El fiscal Ritchie parecía atropellado y su información sobre el caso era deficiente. Un asesor de Interpol llamaba a Scotland Yard para pedir consejo ante las dudas que surgían en la sala. La policía de Londres contactaba al Ministerio de Interior. Esa cadena confusa y lenta fue resuelta con la decision de que los jueces hablen directamente sobre los detalles del caso.